La ministra del Interior se refirió a la información revelada respecto a que el Ministerio de Bienes Nacionales advirtió en varias ocasiones a Presidencia sobre los riesgos asociados con la compra de la vivienda
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Luego de que se conocieran antecedentes sobre las advertencias que hizo la exministra de Bienes Nacionales sobre los problemas que traería la compra de la casa que perteneció al expresidente Salvador Allende, el gobierno se remitió a la investigación judicial en curso.
“Estos antecedentes están en un artículo de prensa (Ciper Chile) y lo importante es lo que diga la investigación (del Ministerio Público). Son elementos que van a estar en el debate, pero hay una investigación penal y un sumario”, dijo la ministra del Interior, Carolina Tohá.
Es en esa indagatoria “donde van a estar las claves que van a establecer los hechos y de ahí se derivarán las decisiones que corresponde tomar en todos los terrenos: penales, administrativos, políticos”, agregó la jefa del gabinete ministerial.
“El Presidente muy tempranamente tomó una decisión. En primer lugar, dejar sin efecto esta operación y pedir la renuncia de la ministra de Bienes Nacionales”, complementó.
Por su parte el subsecretario de la carretera de Interior, Luis Cordero, comentó que “las advertencias que están realizadas o las cuales hacen mención esas notas (de prensa) son advertencias políticas no jurídicas”.
“De hecho, explícitamente señalan que no se hicieron advertencias jurídicas sobre ese punto”, argumentó la autoridad de gobierno.
Según publicó Ciper Chile, en junio de 2024, el Ministerio de Bienes Nacionales recibió la orden de comprar las casas de los presidentes Patricio Aylwin y Salvador Allende para convertirlas en museos.
El 25 de noviembre, el Presidente Gabriel Boric firmó el decreto autorizando la compra, que fue objetada por representantes del Partido Republicano y de Chile Vamos debido a la prohibición constitucional de que ministros y parlamentarios suscriban contratos con el Estado.
Diversas fuentes confirmaron a Ciper que el equipo de Bienes Nacionales advirtió a la ministra Sandoval sobre los problemas políticos y éticos de la compra.
A pesar de las advertencias, la Presidencia decidió seguir adelante con la operación, considerando que se trataba de un problema comunicacional que ellos manejarían. Se propusieron alternativas a la compra directa, como donaciones, pero no se sabe si llegaron al gabinete presidencial.
Actualmente, el caso está siendo investigado por presunto fraude al fisco, liderado por el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper.
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