El superintendente Víctor Torres aseguró que "las indicaciones son bastante pragmáticas, pero también realistas. Cumplen los fallos de la Corte Suprema en Garantías Explícitas de Salud (GES) y en la tabla de factores y generan las condiciones para que las Isapres puedan mantener la continuidad de los servicios a las personas. Compatibilizan ambas cosas".
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El superintendente de Salud, Víctor Torres, se refirió a las indicaciones presentadas por el Gobierno al proyecto de Ley Corta de Isapres, ingresado para hacer cumplir el fallo de la Corte Suprema que obliga a las aseguradoras a restituir cobros extras y a regirse por la tabla de factores de la Superintendencia de Salud de 2019.
En entrevista con Radio Concierto este martes, explicó que "las indicaciones son bastante pragmáticas, pero también realistas. Cumplen los fallos de la Corte Suprema en Garantías Explícitas de Salud (GES) y en la tabla de factores y generan las condiciones para que las Isapres puedan mantener la continuidad de los servicios a las personas. Compatibilizan ambas cosas".
Consultado por la falta del concepto de mutualización, donde los planes más caros subsidian planes más baratos y que fue propuesta por la comisión técnica que analizó el proyecto, Torres detalló que "se cumplió gran parte de aquello que se sugirió en la comisión de expertos. La mutualización quedó fuera porque hay que leer bien lo que dicen los fallos"
"La revisión se tiene que hacer contrato por contrato. Hacemos los cálculos tal como lo indica la Corte, cualquier creatividad tiene que ser dentro del marco legal. La mutualización excedía esto", sumó.
El superintendente dijo que "en base a lo que sugirió la comisión de expertos el 7% tiene que utilizarse para coberturas de salud. Así como ocurre en el sistema público, donde se solidariza, en este caso tiene que quedar en el sistema para generar una solidarización, para que las Isapres puedan seguir subsistiendo".
"La comisión de expertos plantea un alza extraordinaria que tendría que suceder luego de que la ley esté publicada, dentro del año 2024", agregó.
A propósito de las críticas por parte del presidente de la Asociación de Isapres, Gonzalo Arriagada, la autoridad señaló que "al presidente de la Asociación de Isapres tampoco le gustaron las medidas de la comisión de expertos. Para mí no es un tema. La viabilidad del sistema en sí mismo es compleja, por problemas estructurales y por el momento que viven las Isapres".
En tanto, sobre la viabilidad del pago de US$1.000 millones en 10 años, mencionó que "a nuestro juicio, esta propuesta permite cumplir el fallo sin distorsionarlo. Lo segundo es que, permitiendo cumplir el fallo, da viabilidad para que continúe a futuro, pero en un modelo. Acá se pretende culpar a indicaciones por problemas estructurales del sistema".
"El proyecto de ley está presentado para mejorar las condiciones de cumplimiento del fallo. Las acciones que realiza el Gobierno tienden a mejorar las condiciones para a viabilidad de la continuidad de las coberturas y las atenciones", puntualizó.
Asimismo, el exdiputado indicó que "hay que recordar que, en materia de GES, no hay una instrucción a la superintendencia, como sí hay en la tabla de factores. Estamos haciéndonos cargo en virtud de los mismos requerimientos que hacen las Isapres".
"El Senado tomó la determinación de que se pueda discutir en particular y en general a la vez. Hay que tener un diálogo entre Ejecutivo y la Comisión de Salud para definir las urgencias y que puedan discutirlo con tiempo suficiente", añadió.
El superintendente expuso que "si los votos no están, el peor escenario que podemos tener es el previo a la ley. Si esta ley se rechaza, las condiciones de cumplimiento del fallo empeoran. Efectivamente hubo pragmatismo para establecer medidas que permitan el cumplimiento del fallo y la viabilidad de la atención de las Isapres. No podemos llevar la conversación a elementos inviables. No podemos mirar solo una arista de los elementos que conforman esta situación".
"Aquí no hay una negociación. Un Gobierno no puede incumplir o distorsionar un fallo para dar elementos de viabilidad. Decir que la mutualización es de vida o muerte termina asentándose en una postura donde no se llega a nada. Es un autoengaño. La oposición tiene que darse cuenta de las responsabilidades detrás de un Gobierno y del cumplimiento del marco jurídico", acotó.
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