La iniciativa será revisada este lunes por las comisiones de Trabajo y Medio Ambiente, antes de su votación en sala, donde el oficialismo da por asegurado su despacho a segundo trámite.
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Las comisiones de Trabajo y de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados revisarán este lunes el proyecto de reconstrucción nacional, tras lo cual este martes y miércoles será votado en sala en medio de gran expectación, aunque se da por descontado que lo aprobará y pasará al Senado.
Tras su convulsionado trámite en la Comisión de Hacienda, con "tsunami" de indicaciones incluido, el jueves pasado el proyecto comenzó a ser revisado en la Comisión de Medio Ambiente, ya que modifica diversas normas ambientales, administrativas, pesqueras y patrimoniales.
Entre los principales cambios se propone eliminar la obligación automática de ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) para relocalizaciones de concesiones acuícolas y eximir de evaluación ambiental a las micro relocalizaciones cartográficas.
Asimismo, se reemplaza la caducidad de concesiones acuícolas por inactividad por un sistema de cobros progresivos por no uso, fortalece la coordinación ambiental entre organismos públicos y agiliza la elaboración de informes técnicos y ambientales en acuicultura.
La propuesta también crea un mecanismo de restitución de gastos para titulares de proyectos cuya Resolución de Calificación Ambiental (RCA) sea anulada judicialmente, con el objetivo de entregar mayor certeza jurídica a la inversión. Según Hacienda, la simplificación de permisos podría generar un aumento acumulado del PIB de 2,9% en diez años.
En su exposición, la ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, abordó en detalle las modificaciones al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y a la institucionalidad ambiental. Entre las principales medidas, se elimina el umbral de 3 MW para el ingreso obligatorio de proyectos energéticos al SEIA y se establece que el reglamento definirá la obligatoriedad según tipo de tecnología e impactos ambientales.
El proyecto también exime de nueva evaluación ambiental a mejoras tecnológicas en proyectos que ya cuenten con RCA favorable, siempre que no impliquen impactos ambientales significativos. Además, limita mecanismos de reclamación contra las RCA, fortalece la rectoría técnica del Servicio de Evaluación Ambiental y crea un régimen especial voluntario de tramitación ambiental para reducir observaciones y acelerar procesos.
La iniciativa, además, fija plazos máximos para medidas cautelares que paralicen proyectos con RCA favorable, amplía plazos de implementación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y simplifica trámites ante el Consejo de Monumentos Nacionales, incluyendo la creación de “intervenciones menores” que podrán ejecutarse con aviso electrónico y sin autorización previa.
PURANOTICIA
