La ministra del Interior confirmó que el Mandatario, antes de irse de vacaciones, realizó el proceso para revocar el beneficio.
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La ministra del Interior, Carolina Tohá, confirmó que el presidente Gabriel Boric, firmó el decreto para que se le revoque la pensión de gracia a una de las personas víctimas de violaciones a los derechos humanos durante el estallido social, que tenía antecedentes penales por pornografía infantil.
La secretaria de Estado informó que el Mandatario había firmado la semana pasada el decreto para revocar el beneficio a esa persona en específico.
“El Presidente de la República apenas conoció el tipo de delitos en los cuales tenían participación algunos de los beneficiarios tomó una serie de definiciones. La semana pasada, antes de irse de vacaciones, dejó firmada la revocación de la pensión de gracia a una persona con antecedentes de pornografía infantil, fue una de las primeras que firmó, y no era uno de los casos con este daño permanente y grave”, aseguró.
Cabe recordar que la Contraloría General de la República envió un informe a la comisión investigadora de la Cámara de Diputados por las pensiones de gracia a personas afectadas en las manifestaciones iniciadas en el mes de octubre de 2019, el que detalla que de los 419 beneficiados, 58 presentan antecedentes penales.
Entre los delitos cometidos, se encuentran estafa, homicidio, tráfico de estupefacientes y producción de material pornográfico, entre otras.
La autoridad sostuvo que las pensiones de gracia “es algo que tiene que modificarse a futuro, en el intertanto se van a revisar las pensiones, para empezar las del estallido pero después vamos a ver las otras, y se van a revocar aquellas donde no haya un daño permanente grave, y haya antecedentes penales de cuidado que ameritan esta revisión”, explicó la autoridad.
Tohá reconoció que el procedimiento para otorgar el beneficio no es el adecuado y que se está trabajando en un proyecto de ley para corregirlo, pero recalcó que no fue la actual administración la que estipuló las condiciones.
“Desde el punto de vista del procedimiento, el procedimiento cumplió todos los pasos que estaban previstos tanto en la Ley de Presupuestos, como en el oficio que dictó el exsubsecretario Galli. Pero desde el punto de vista de los seres humanos que llevan adelante esto, hoy hay un sumario por por ciertos reparos que planteó la Contraloría en los análisis de algunas carpetas, y tiene que llegar a conclusión ese sumario”, dijo la ministra.
“La opinión del Ejecutivo es que este procedimiento no era el correcto, debimos haberlo regulado de otra manera en la ley, pero no fue nuestro gobierno el que definió este procedimiento, estaba definido ya cuando nosotros llegamos”, enfatizó.
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