Es la primera vez que se aplica en territorio nacional la modificación de la Ley de Reincidencia, que permite detener a personas con antecedentes graves por esta alerta.
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En un hecho inédito, un ciudadano peruano buscado internacionalmente por homicidio, fue detenido en Chile tras activarse una alerta roja de Interpol, herramienta que hasta el año pasado no habilitaba la posibilidad de arresto en el país.
Este caso marca la primera vez que se aplica en territorio nacional la modificación introducida por la Ley de Reincidencia, la cual permite detener a personas con antecedentes graves a partir de esta alerta internacional.
El imputado —cuya identidad se mantiene bajo reserva— estaba siendo intensamente buscado por un crimen cometido en el contexto del crimen organizado. Interpol ya lo tenía localizado en Chile, incluso identificando la comuna donde residía, y contaba con todos los antecedentes necesarios para su captura. No obstante, antes de la reforma legal, las autoridades solo podían realizar labores de vigilancia.
“Esta es la primera vez que ocurre acá en Chile, que se utiliza esta norma, y es una gran herramienta que se tiene para la cooperación internacional, principio de reciprocidad y, particularmente, en este caso en la lucha contra el crimen organizado”, destacó el fiscal Emanuel Ibaceta, quien encabezó el proceso.
La creciente presencia de organizaciones criminales transnacionales como el Tren de Aragua o Los Pulpos ha motivado a reforzar los mecanismos de cooperación judicial. En palabras del fiscal, “era una persona que estaba siendo buscada por un delito de homicidio y, en virtud de eso, estaba con la notificación roja. La Interpol le avisa al Ministerio Público de Chile, de esa manera, sabemos dónde está esa persona, acá en Chile, en qué comuna se encuentra y se activa el trámite correspondiente al artículo 127 bis”.
Tras este aviso, el Ministerio Público dio curso a una causa penal con Rol Único (RUC) y solicitó una orden de detención al juez de garantía.
La ley establece que, una vez detenido, el Estado solicitante tiene un plazo de cinco días para iniciar formalmente el proceso de extradición o ampliar los antecedentes del caso. “El tribunal, a solicitud del Ministerio Público, decretará la legítima tenencia del imputado y una vez registrada en notificación de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) de la conducción de un juez de garantía, pero máximo de cinco días hábiles”, señala el marco normativo.
De ser necesario, el fiscal puede pedir una ampliación del plazo de detención por otros cinco días, para permitir al país requirente formalizar el pedido de extradición. “Se crea un control de detención, y una audiencia se solicita, como lo dispone la misma norma, la ampliación de hasta cinco días, con el objetivo, la intención, de que el país requirente oficialice el pedido de extradición bajo la fórmula de pedido de extradición o de detención previa”, explicó Ibaceta.
Aunque en el Ministerio Público valoran la nueva herramienta, advierten que aún quedan aspectos por resolver. Uno de ellos es el estrecho margen de tiempo para llevar adelante los trámites, ya que estos suelen extenderse más allá del período de detención legal permitido. La norma es clara: “Si ha transcurrido el plazo de ampliación, sin que se haya oficializado por parte del país requirente el pedido de extradición, el juez de garantía deberá decretar la libertad inmediata del imputado”.
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