Los senadores Paulina Núñez e Iván Moreira presentaron una modificación al reglamento para aplicar controles periódicos. La medida será supervisada por la Comisión de Ética e incluye multas para los parlamentarios que incumplan la nueva normativa que se aplicará.
visitas
Con el objetivo de instaurar exámenes de consumo de estupefacientes a los legisladores, se ingresó un proyecto de acuerdo en el Senado. La iniciativa, impulsada por su presidenta, Paulina Núñez, y el vicepresidente de la instancia, Iván Moreira, pretende alterar el Reglamento de la Corporación para que estos testeos sorpresivos queden bajo la estricta vigilancia de la Comisión de Ética y Transparencia.
Al detallar los motivos detrás de esta propuesta, Núñez dijo que la acción “apunta a dar una señal clara de coherencia, responsabilidad y transparencia. La ciudadanía exige instituciones que estén a la altura, y eso también significa que quienes ejercemos funciones públicas debemos someternos a estándares exigentes y verificables”.
Las autoridades de la testera manifestaron de mutuo acuerdo que “resulta indispensable que esta práctica quede formalmente incorporada en el Reglamento del Senado como una obligación general”. Además de instar a sus colegas a respaldar rápidamente la tramitación de este documento, ambos legisladores anticiparon que se realizarán estas pruebas durante los próximos días.
En términos prácticos, el texto persigue robustecer las normas de comportamiento requeridas para la labor legislativa. De este modo, se busca afianzar la fe pública en los organismos del Estado, junto con cimentar valores fundamentales como la responsabilidad en el puesto y la probidad.
Respecto al funcionamiento del sistema, el diseño contempla evaluaciones de naturaleza periódica, limitada, no permanente y al azar. La meta es que la totalidad de los senadores pase por este escrutinio un mínimo de una vez por cada período legislativo, existiendo la posibilidad de que un mismo representante sea seleccionado por sorteo hasta en dos ocasiones dentro de dicho lapso.
Para garantizar la fiabilidad del procedimiento y la protección de la cadena de custodia, el documento estipula que los análisis tendrán que ser llevados a cabo exclusivamente por un laboratorio o institución especializada que cuente con la debida habilitación legal.
Las consecuencias de arrojar un resultado positivo que carezca de un respaldo médico adecuado, o bien, de ausentarse al examen sin una excusa válida, quedarán en manos de la Comisión de Ética y Transparencia. Dicha instancia estará facultada para imponer castigos reglamentarios, tales como multas económicas. Si la conducta se repite, se habilitará la opción de ordenar un testeo adicional en el transcurso del año posterior.
Sobre este nuevo escenario, el vicepresidente de la Cámara Alta, Iván Moreira, enfatizó que “la confianza no se pide, se construye con hechos. Este proyecto busca fortalecer la autorregulación del Senado, con reglas claras, resguardos adecuados y un compromiso real con la probidad”.
Finalmente, el senador remarcó que la directiva de la Corporación pretende, mediante esta iniciativa, asentar una estructura institucional que potencie la ética en el ámbito público. Con ello, esperan brindar un mensaje tangible a la población sobre la voluntad del Senado para incrementar sus niveles internos de transparencia y fiscalización.
PURANOTICIA
