La iniciativa del Gobierno de José Antonio Kast que establece medidas de seguridad, orden y respeto para la comunidad educativa, fue aprobada en la Cámara de Diputados por 105 votos a favor y 46 en contra.
La Sala de la Cámara de Diputados aprobó las modificaciones realizadas por el Senado al proyecto de Escuelas Protegidas, despachando a ley la iniciativa.
La iniciativa del Gobierno de José Antonio Kast que establece medidas de seguridad, orden y respeto para la comunidad educativa, fue aprobada por 105 votos a favor y 46 en contra.
Dos enmiendas para las que se solicitó votación separada también fueron aprobadas por amplia mayoría.
Cabe señalar que los diputados Juan Santana (PS), Héctor Ulloa (Independiente), y Emilia Schneider (FA) pidieron reserva de constitucionalidad para ciertos artículos acusando que vulneraba garantías constitucionales de los estudiantes.
Tras la votación, la ministra de Educación, María Paz Arzola, valoró la aprobación de la iniciativa y señaló que "la idea es que quienes cometen delitos en el contexto educativo, ya sea contra la vida o contra la propiedad, queden inhabilitados de poder acceder a el beneficio de la gratuidad. Eso no implica que no van a poder ingresar a la educación superior. Lo único que implica es que no van a poder hacerlo en virtud de este beneficio por un plazo de cinco años, y también quienes, digamos, cometan también delitos posteriores a haber adquirido el beneficio quedan sujetos a la misma inhabilidad", sostuvo.
Bajo ese contexto, la líder de cartera agregó que otro cambio "tiene que ver con que la revisión de mochila se haga a través del reconocimiento de lo que es la revisión amplia o masiva vs aquella que requiere de que el estudiante pase a una sala privada. Se le incorporaron resguardos para proteger el bienestar de ese estudiante, para proteger también que a los adultos que llevan a cabo la revisión, que ellos puedan estar en presencia de dos adultos y que haya un acta".
La iniciativa, que se encontraba en su tercer trámite constitucional, contempla una serie de medidas preventivas y sancionatorias en establecimientos educacionales, entre ellas la revisión de mochilas, la prohibición del uso de capuchas y sanciones para estudiantes que participen en tomas de liceos o hechos de violencia.
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