Mensajes y rayados sobre supuestos tiroteos han activado alertas en todo el país, con especial impacto en regiones como Valparaíso, Biobío y La Araucanía. Las amenazas han obligado a suspender clases, movilizar a policías y abrir investigaciones, pese a que muchas corresponden a falsas alarmas.
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Más de 700 denuncias por posibles ataques a recintos educativos han encendido las alarmas tanto en las comunidades escolares como en el Ministerio Público durante las últimas semanas. Esta escalada de violencia, que según consigna Emol comenzó a intensificarse luego de un incidente ocurrido en Calama a fines de marzo, ha forzado a decenas de colegios a implementar protocolos preventivos de seguridad y a suspender sus jornadas académicas.
Aunque la problemática se ha concentrado fuertemente en regiones, la capital no ha quedado exenta. Recientemente, establecimientos santiaguinos como el Mayflower School, Bradford School, Alemán de Chicureo y Dunalastair fueron blanco de intimidaciones mediante rayados internos que hacían referencia a tiroteos. Por otro lado, la Fiscalía de Tarapacá contabiliza más de 40 acusaciones por amedrentamientos en escuelas en las semanas recientes, evidenciando un salto significativo frente a los 19 casos que se reportaban hasta el pasado viernes 10.
El incremento de estos episodios es notorio en la Región de La Araucanía. Solamente el día lunes se ingresaron 14 denuncias, cifra que escaló a 46 el martes y cerró en 17 el miércoles. Al respecto, el fiscal de la Unidad de Responsabilidad Penal Adolescente, Óscar Sáez, precisó que la totalidad de estas advertencias correspondían a "amenazas escritas en baños". El persecutor fue enfático al advertir las consecuencias de estos actos: "Esto no es una broma; esto es un delito. Estas amenazas generan temor real, alteran el funcionamiento de los colegios y movilizan a las policías, y los responsables serán perseguidos conforme a la ley".
La situación en Valparaíso es igualmente crítica, acumulando 136 reportes hasta el jueves. Un peak se vivió tan solo el miércoles con 36 denuncias vinculadas a violencia en establecimientos educacionales, lo que derivó en la suspensión preventiva de clases en los recintos viñamarinos Rubén Castro, Manantial y Claudio Matte. A esto se suma que el campus Los Castaños de la U. de las Américas debió trasladar a sus alumnos a modalidad online este lunes debido a una amenaza anónima.
Para hacer frente a este escenario, Claudia Perivancich, fiscal regional, sostuvo encuentros esta semana con la Seremi de Educación y los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP). La autoridad detalló que "En muchos de estos casos es posible advertir, luego de las primeras diligencias de investigación, que en realidad no se trataba de una amenaza que pudiese calificar como seria o verosímil, sino más bien era una broma, voy a decir de muy mal gusto, que ocasiona una serie de consecuencias activando a servicios públicos todos los días, en funciones serias, complejas".
Asimismo, Perivancich aclaró las limitaciones legales: "en los casos en que no es posible dar con elementos que sugieran que hay una amenaza real y concreta de realizar algún daño, algún mal al interior de algún establecimiento educacional, nosotros no tenemos antecedentes suficientes para poder imputar aquello ante un tribunal". Pese a ello, la persecutora confirmó que tres alumnos ya fueron identificados y puestos a disposición de la justicia por estos hechos.
En la Región de Coquimbo, el comisario de la 3° Comisaría de Ovalle, mayor Carlos Sepúlveda Vivanco, entregó el balance local: "en la comuna hemos tenido alrededor de 17 colegios afectados por denuncias de amenazas de este tipo, mientras que en Combarbalá se han registrado tres casos".
Paralelamente, se concretó una reunión de trabajo entre el fiscal regional, Patricio Cooper; el jefe de la Zona de Carabineros Coquimbo, general Christian Brebi; y el director Ejecutivo del SLEP Elqui, Pedro Esparza. Durante la instancia, Esparza reveló que ocho liceos y escuelas pertenecientes a Paihuano, Vicuña, La Serena y La Higuera han recibido amenazas de tiroteo, difundidas tanto por redes sociales como a través de mensajes rayados en las dependencias de los establecimientos.
Por su parte, la Región de O'Higgins sumaba hasta el miércoles 182 denuncias por conductas relacionadas a violencia escolar, incluyendo riñas, lesiones, daños y tenencia o porte de armas blancas o de fuego. De este total, 37 expedientes corresponden específicamente a amenazas de balacera o tiroteos vía redes sociales o rayados, marcando un peak el pasado lunes 13 de abril.
Aquiles Cubillos, fiscal regional de O'Higgins, confirmó la magnitud del problema: "efectivamente, llevamos un número importante de denuncias por diversos delitos, especialmente por amenazas, vinculados al tema de amenazas de tiroteo y otros al interior de establecimientos educacionales de la región. Este es un fenómeno que se está dando en la gran mayoría de las comunas de la región".
Sobre las acciones tomadas, el persecutor añadió: "Lo que hemos estado haciendo es dar medidas de protección en las diversas causas para los establecimientos educacionales, órdenes de investigar a las secciones de investigaciones policiales de las diversas comunas involucradas. También nos hemos estado coordinando con los directores de establecimiento educacionales para estos efectos, y, obviamente, estamos desarrollando investigaciones para poder determinar quiénes son los individuos que hacen estas denuncias".
Más al sur, en Biobío, el seremi de Seguridad, Richard Soto, indicó al diario El Sur que desde el 1 de marzo se acumulan 258 denuncias asociadas a rayados, amenazas y otros hechos de violencia escolar. "Lamentablemente, incluso algunas han sido constitutivas de delitos, como hemos tenido donde han encontrado armas, drogas y otras cosas en estas reacciones que han tenido Carabineros y Policía de Investigaciones para atender las denuncias que se han presentado", detalló el seremi.
En la misma línea, Julio Anativia, delegado presidencial del Biobío, fue categórico al subrayar que "todas las amenazas que se hagan, entre comillas como broma, van a tener un seguimiento y denuncias, y va a tener que darse cuenta judicialmente por parte de los menores y sus familias respecto a estas situaciones que están asociadas a delitos". Además, sostuvo que "Todas las personas que ingresen armas, realicen amenazas o cualquier hecho asociado a delitos en estable cimientos educacionales, tienen que responder penalmente por las conductas que realizan".
En la Región de Los Lagos, específicamente en la isla de Chiloé, el director ejecutivo (s) del SLEP Chiloé, Pedro Núñez, informó el pasado jueves que "a la fecha en los 18 establecimientos se han reportado presuntas amenazas plasmadas en rayados en los baños de los estudiantes, en todos se han aplicado de inmediato el protocolo para esos efectos".
Mientras tanto, el Ministerio Público de Los Ríos reportó 41 denuncias de amenazas en establecimientos educacionales recibidas desde el pasado martes 7 de abril hasta el jueves. De acuerdo con lo consignado por El Austral de Valdivia, ante este escenario la Fiscalía Regional resolvió conformar un equipo de trabajo integrado por un ingeniero informático, un analista criminal, una abogada asesora, un fiscal y por profesionales de la Unidad de Atención de Víctimas y Testigos.
Todos estos hechos están siendo investigados en conjunto con el Laboratorio de Criminalística (Labocar) y la Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros. Asimismo, la Brigada de Cibercrimen de la PDI interviene cuando las amenazas son por redes sociales. Entre los delitos investigados se reportan perturbación de la tranquilidad pública, amenazas a la autoridad, falsa alarma de emergencia y amenazas de atentados, entre otros.
PURANOTICIA
