La ministra Paola Plaza solicitó a la Corte Suprema gestiones diplomáticas tras la fallida captura del exfrentista. Su abogado rechazó la medida aludiendo a tratados internacionales.
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Con el objetivo de agilizar la extradición de Galvarino Apablaza, apuntado como el autor intelectual del crimen de Jaime Guzmán, los tribunales nacionales desplegaron una nueva estrategia. Esto ocurre luego de que, hace dos semanas, el requerido lograra evadir su captura en Buenos Aires, a pesar de que pesa sobre él una orden de detención vigente.
De acuerdo con los antecedentes revelados por Mega, la ministra en visita Paola Plaza González requirió a la Corte Suprema que inicie diligencias diplomáticas con Argentina. La finalidad de esta petición es obtener las copias oficiales de cada una de las resoluciones tomadas por las autoridades bonaerenses desde el mes de febrero pasado.
Mediante el oficio N° 655-2026, la magistrada demandó conocer el estatus migratorio del imputado a través de la Dirección Nacional de Migraciones de Argentina. Asimismo, solicitó el documento del 10 de febrero que le revocó su condición de refugiado político, junto con el registro del 12 de marzo en el cual el Ministerio de Relaciones Exteriores trasandino concedió oficialmente su extradición.
Esta acción judicial impulsada por la ministra en visita surge como respuesta al operativo policial frustrado que intentó apresarlo en el barrio de Moreno en Buenos Aires. Dicho procedimiento fallido se llevó a cabo exactamente en la jornada que conmemoraba los 35 años del asesinato del fundador de la UDI.
El escenario ha escalado a tal punto que desde las autoridades del país vecino anunciaron una recompensa de 20 millones de pesos argentinos (cerca de 13 millones de pesos chilenos). Este monto está destinado a quien entregue información para dar con el exfrentista (en la foto).
Frente a esta arremetida, la defensa en Chile de Apablaza, encabezada por el abogado Alberto Espinosa, instó a la Corte Suprema a que no acoja el requerimiento de la jueza. El jurista argumentó que dar curso a la petición violaría tratados internacionales y principios de confidencialidad.
En el escrito presentado, el defensor advierte: “Es grave exponer al Estado de Chile en una situación violatoria del derecho internacional de los Derechos Humanos, frente a otro Estado, precisamente porque pone en evidencia la persecución y hostigamiento en contra de Galvarino Apablaza, porque el refugio y todo lo relacionado con ese estatus es una relación jurídica entre el Estado de acogida y el refugiado”.
En la misma línea, el representante legal acusó una intervención ilegal, asegurando que Chile no tiene legitimidad para intervenir en el refugio de Apablaza.
Para cerrar su argumentación, Espinosa sentenció: “Viola el principio de confidencialidad y el principio de no devolución, establecidos especialmente para protegerlo del país de origen que lo persigue, y lo solicitado, además, constituye una injerencia indebida en los antecedentes que permitieron a Argentina reconocerle al señor Apablaza el estatus de refugiado”.
PURANOTICIA
