El organismo destacó el apoyo del país a un manifiesto de la Coalición por la Igualdad de Derechos, firmado por 30 Estados, que rechaza la penalización de las diversidades sexuales en el mundo.
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La Coalición por la Igualdad de Derechos (CID, por sus siglas en inglés), un organismo intergubernamental fundado en 2016 e integrado por 44 Estados, se pronunció contra la penalización entre personas del mismo sexo que aún existe en diversos países, contando con el respaldo de Chile, lo cual fue valorado por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh).
Rolando Jiménez, fundador del Movilh, reaccionó a la postura adoptada por el país señalando que “tras señales negativas para los derechos LGBTIQ+ dadas por la Cancillería chilena en el extranjero, esta se convierte en el primer abordaje positivo del Gobierno de José Antonio Kast, en torno a las diversidades sexuales. Animamos a que este espíritu se profundice y continúe por esa senda y se lleve a la praxis al interior del país”.
Hasta el momento, 30 de las 44 naciones que conforman la CID han suscrito el documento, figurando Chile entre ellas. En el texto, los países manifiestan “su profunda preocupación frente al creciente patrón de criminalización de las relaciones entre personas del mismo sexo. Desde 2023, algunos países han promulgado o aprobado leyes que penalizan la homosexualidad, mientras que en otros Estados cursan proyectos legislativos orientados a su criminalización”.
En la misma línea, los firmantes argumentaron que “el endurecimiento de sanciones penales basadas en la orientación sexual o la identidad de género contraviene obligaciones internacionales en materia de derechos humanos libremente asumidas por los Estados”.
De acuerdo con la perspectiva de los Estados adherentes, “la criminalización vulnera el principio de igualdad y no discriminación consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, además de perseguir la financiación, apoyo y promoción de las personas LGBTIQ+, agravar los riesgos de persecución, violencia y exclusión social contra las personas LGBTIQ+ y, en último término, promover el miedo, alimentar la polarización y estigmatizar las diferencias, suponiendo un peligro para los derechos, libertades y bienestar de todas las personas”.
El manifiesto internacional también advirtió sobre las consecuencias prácticas de estas normativas, indicando que "estas disposiciones no solo pueden constituir una violación directa de los derechos humanos, sino que además, restringen el acceso a servicios esenciales como la salud y la justicia, y perpetúan ciclos estructurales de violencia y discriminación”.
Profundizando en los riesgos sociales, el documento añade: “Asimismo, preocupa profundamente que este tipo de disposiciones contribuya a generar y legitimar entornos de violencia. La criminalización no solo expone a las personas LGBTIQ+ a situaciones de abuso y vulnerabilidad, sino que también puede incentivar actos de violencia, hostigamiento y discriminación por parte de terceros, al reforzar percepciones de legitimidad frente a dichas conductas”.
Como resultado de este escenario adverso, los países sentenciaron que “este contexto debilita la cohesión social, erosiona el Estado de derecho y dificulta el acceso a mecanismos de protección y justicia”.
Frente a esta realidad, la entidad internacional hizo un llamado a todos los gobiernos “a reconsiderar la aprobación de proyectos de ley que establezcan o aumenten las penas de prisión aplicables a las relaciones sexuales consensuales entre personas del mismo sexo, y que avancen hacia la descriminalización, la protección efectiva y la garantía plena de los derechos humanos de las personas LGBTIQ+”.
El escrito es enfático al declarar que “la adopción de medidas que criminalizan la diversidad sexual debilita el Estado de derecho y erosiona el respeto por la dignidad inherente a todas las personas. La universalidad e indivisibilidad de los derechos humanos exige que estos estándares se respeten sin excepción, en todas las regiones del mundo”.
A modo de cierre, la declaración formuló una petición global: “Asimismo, instamos a la comunidad internacional a promover la derogación de estas iniciativas legislativas, a brindar apoyo y protección a las personas LGBTIQ+ en riesgo y a fortalecer la cooperación con las organizaciones de la sociedad civil que defienden los derechos humanos”.
A la fecha de hoy, el documento que rechaza la penalización de la identidad de género y la orientación sexual cuenta con las firmas de Alemania, Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Dinamarca, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Irlanda, Israel, Italia, Lituania, Luxemburgo, Macedonia del Norte, Malta, México, Montenegro, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, República Checa, Suecia y Suiza.
PURANOTICIA
