Claudio Alvarado admitió que no maneja la cifra precisa de autoridades que han fracasado en su instalación.
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El ministro del Interior, Claudio Alvarado, abordó las fallidas designaciones de autoridades en las Secretarías Regionales Ministeriales (Seremis), luego que se contabilizan al menos 15 casos, entre ellos la Seremía de Cultura en la región Metropolitana, donde primero cayó Gustavo Baehr por falta de experiencia y luego Renato Munster, quien renunció apenas un día después de asumir.
En la región de Valparaíso uno de los casos más emblemáticos fue el de la Seremi del Trabajo y Previsión Social. El Presidente José Antonio Kast aprobó la designación de Carlos Montero, sin embargo, apenas cinco días después, presentó su renuncia.
En tanto, Aldo Ibani estuvo solo tres días como Secretario Regional Ministerial de Salud de la región de Valparaíso antes de que presentara la renuncia voluntaria al cargo, en medio de duros cuestionamientos a sus antecedentes académicos y laborales, sumado a graves denuncias de sus excompañeros de universidad.
Otro escenario complejo se vive en La Araucanía. Allí, la Delegación Presidencial fue incapaz de establecer comunicación con Patrick Dungan, quien había sido designado como Seremi de Energía. Esta imposibilidad de contacto trajo como consecuencia directa que su decreto de nombramiento tuviera que ser retirado desde la Contraloría.
Y durante una entrevista concedida a radio Cooperativa, el jefe de gabinete admitió que no maneja la cifra precisa de autoridades que han fracasado en su instalación. Sin embargo, le restó dramatismo a este escenario argumentando que “cuando un gobierno se instala, nombra aproximadamente a dos mil funcionarios, y que de ahí que estemos con 15 con problemas, yo creo que no es que perjudique o afecte la marcha o la construcción de un gobierno”.
Al ser requerido específicamente por el episodio de Dungan, el titular de la cartera del Interior optó por la ironía al señalar que “yo espero que pronto tenga señal (...) y la cartera del ramo, me imagino que tomará las medidas o las acciones pertinentes”.
En la misma línea, detalló que la decisión de retirar el documento desde el ente contralor se fundamentó en que el personero “no se ha presentado a trabajar, pero la relación, me imagino, con él o con la familia o con la persona cercana, la debe tener el ministerio”.
En otro ámbito del debate político, la autoridad gubernamental hizo frente a los cuestionamientos emanados desde la oposición, sector que ha levantado sospechas sobre un presunto conflicto de interés destinado a favorecer a grupos minoritarios mediante las recientes medidas anunciadas. Frente a estas imputaciones, Alvarado fue categórico: “Atribuyo un desconocimiento al afirmar este tipo de situaciones, no quiero pensar que sea de mala fe o de ignorante, porque toda legislación es de carácter general. Ningún chileno con sentido común va a pensar que hay un grupo de personas porque tengan una determinada situación y deciden dedicarle tiempo al servicio público van a establecer normas para beneficiarse ellos. Eso es ilógico y absurdo”.
Finalmente, el ministro aprovechó la instancia para desestimar cualquier atisbo de inconstitucionalidad en las iniciativas del Ejecutivo. Sobre este punto, concluyó afirmando que “no hay ningún gato por liebre cuando se describen los objetivos del proyecto. No tiene ninguna lógica lo que están planteando y que lo hagan antes de leer el proyecto me parece absurdo”.
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