Jorge Quiroz descartó que la iniciativa carezca de ayudas directas, asegurando que el crecimiento económico es el principal motor para beneficiar a los sectores medios.
visitas
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, despejó dudas y defendió el alcance del plan de Reconstrucción Nacional anunciado por el Presidente José Antonio Kast.
La estrategia gubernamental articula modificaciones normativas, beneficios impositivos y estímulos para los inversionistas. Al desglosar estas acciones, la autoridad precisó: "Genera medidas de recaudación transitorias, que son voluntad de los contribuyentes. Entra en la reactivación de la construcción, restituye el DFL-2, se combina con la nueva ordenanza, elimina el IVA de la vivienda ventas de los próximos doce meses, busca regenerar de nuevo los 200.000 empleos, hace algunas reformas paramétricas en el sistema tributario".
El resguardo de los puestos de trabajo y el respaldo a las empresas de menor tamaño constituyen el foco a corto plazo. "Principalmente, la medida más importante y la más inmediata es la protección del empleo formal, que beneficia a más de 200.000 pymes y les rebaja en la práctica el impuesto a pymes en 7%, a 7%", aseveró el ministro. A esto se añaden ajustes sectoriales y de competitividad, sobre los cuales indicó que el plan "Continúa haciendo competitividad tributaria a nivel general, obtiene ahí una recaudación adicional también por medio de un impuesto sustitutivo".
Para dinamizar las iniciativas paralizadas, el encargado de la billetera fiscal resaltó modificaciones en la normativa vigente: "Continúa con las medidas de agilización regulatoria en medioambiente, le da un nuevo rango a la resolución de calificación ambiental, permite adelantar inversiones y eso permite generar más recaudación". Además, puntualizó que el diseño contempla un estricto manejo de los recursos estatales y enfoques particulares. "Actúa también sobre sectores especiales, como las salmoniculturas, y finalmente se dedica a las medidas de contención de gasto que son necesarias en este contexto", aseveró.
Frente a las consultas sobre la forma de financiar este paquete y su impacto en las arcas fiscales, Quiroz optó por la cautela respecto a los montos exactos, limitándose a responder: "Por supuesto que lo tenemos. Va a estar el informe financiero y lo van a conocer en su oportunidad".
Las críticas por una presunta ausencia de ayudas directas a los sectores medios también fueron rebatidas por el secretario de Estado. "Quiero ser muy enfático, todo el proyecto es un gran proyecto que beneficia a la clase media. Este es un cambio de concepto, o sea, terminemos de pensar que para beneficiar a la clase media tengo que dar esta medida aquí, esta asistencia allá, este regalo acá", argumentó.
En la misma línea, profundizó su postura: "El mejor regalo para la clase media es que haya crecimiento, que haya empleo, que haya una forma digna de ganarse el dinero, el sustento, y que ese dinero alcance a comprar casas y a cumplir el sueño. La casa propia es la clase media, eso es, y en eso consiste este proyecto. Todo este proyecto es de clase media".
Respecto a la tramitación legislativa, el titular de Hacienda anticipó disposición para negociar con las distintas fuerzas políticas. "Conversaciones con el PDG van a ocurrir, como van a ocurrir también con todos los demás partidos, va a haber un diálogo, iremos avanzando después", adelantó.
La agilización de los permisos asoma como uno de los ejes más complejos, especialmente frente a la judicialización de obras que ya cuentan con una resolución de calificación ambiental favorable. El ministro expuso que "El 85% de las judicializaciones termina ratificando lo vetado por el Estado", alertando simultáneamente que "el 100% de las inversiones se queda esperando porque nadie sabe si va a caer en el 85% o va a caer en el 15%".
Para destrabar este escenario, la iniciativa propone que si un tribunal revierte una RCA previamente visada, "sea el Estado quien deba restituir o reembolsar el monto invertido, de modo de no detener la inversión". Según Quiroz, esta fórmula "va a reducir la judicialización", argumentando que "una parte de estas judicializaciones, y quizás una parte no menor, son de naturaleza extorsiva".
Como medida complementaria para mitigar la incertidumbre, se comunicó una drástica reducción en los tiempos para invalidar permisos sectoriales, pasando de un margen de dos años a solo seis meses.
En el ámbito acuícola, específicamente para la salmonicultura, el proyecto introduce herramientas para "acelerar las micro relocalizaciones", simplificar los estudios de bancos naturales y la Información Ambiental de la Acuicultura (INFA), además de sustituir ciertas causales de caducidad de concesiones mediante el cobro de un pago adicional de patente. "Todo lo cual va a beneficiar directamente a la zona sur de Chile, en particular y muy fuertemente a Los Lagos, Aysén y Magallanes", garantizó la autoridad.
Para los grandes capitales, el plan asegura condiciones estables a largo plazo. "La principal certeza es que nuestro proyecto contempla invariabilidad tributaria para todas las inversiones de US$50 millones o más, sean de chilenos o extranjeros, y la invariabilidad aplica por un plazo de 25 años", detalló el ministro.
El control del gasto público es otra piedra angular del anuncio, enmarcado en un uso "austero y más eficiente" de los fondos estatales. Esto se traducirá en la eliminación de la franquicia tributaria Sence, sobre la cual el economista fue categórico: "Prácticamente no hay nadie que la haya analizado que tenga una opinión positiva de su efecto". A su juicio, este mecanismo "a veces se ha prestado para abusos".
En materia de educación superior, si bien se descartó poner fin a la gratuidad vigente, se establecerá "una moratoria transitoria al ingreso de nuevas instituciones de educación superior a la gratuidad" por un período de cuatro años. El jefe de Hacienda justificó la decisión señalando que el desembolso en esta área "escapó a toda proyección", saltando de una estimación de $0,9 billones de pesos a "$2,2 billones de pesos".
Para respaldar la medida, citó un estudio de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) que "pone una luz de alerta" respecto a los incentivos de ciertos planteles, dado que el 40% de los alumnos que cursan estas carreras lo hacen con resultados no rentables para ellos. Por ello, se fijará un tope temporal para acceder al beneficio: "Lo hemos planteado en el proyecto de hasta 12 años desde el egreso del colegio o de la enseñanza secundaria", lo que se traduce en un límite a los 30 años de edad si el egreso ocurre a los 18.
Finalmente, en el sector público, el proyecto incrementa los cupos de incentivo al retiro, subiendo de 2.200 a 6.000 plazas, junto con un endurecimiento en los castigos por el uso fraudulento de licencias médicas. "Cuando haya falseo de licencias médicas, se proceda a la destitución, término del contrato laboral y/o cese en el cargo, según corresponda", advirtió Quiroz, concluyendo con una declaración de principios: "Vamos a defender siempre el gasto social bien gastado…, pero vamos a combatir siempre lo que se disfraza como gasto social, pero es fraude social".
PURANOTICIA
