Además, el ministro de Seguridad Pública agregó que “el Estado debe generar las condiciones para producir el encuentro de las familias, que era el propósito del trabajo con el gobierno de Suecia en particular”.
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El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, se refirió al primer procesamiento por adopciones ilegales cometidas entre las décadas de 1970 y 1990.
Esto, luego que el ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago, Alejandro Aguilar Brevis, ordenara la prisión preventiva de Ivonne Gutiérrez Pavéz, exjueza del Juzgado de Menores de San Fernando y que reside actualmente en Israel, por lo que remitió una solicitud de extradición a la Corte Suprema.
En conversación con Radio ADN, el ministro recordó que “mientras era ministro de Justicia y acompañé al Presidente Boric durante su gira por Europa y me reuní con las agrupaciones de adopciones ilegales”.
“Hay una investigación que estaba desarrollada hace un tiempo, y el Estado de Chile ha considerado que en el caso de opciones irregulares existe un crimen de violación de derechos humanos”, agregó.
“La investigación por estos delitos es una pequeña luz de esperanza para aquellos que durante el largo tiempo han estado en este proceso. El Estado de Chile, sin embargo, tiene otra obligación”, señaló.
“No basta simplemente en este caso con la persecución penal. También el Estado tiene que generar las condiciones para producir el encuentro de las familias, que era el propósito del trabajo con el gobierno de Suecia en particular, que es uno de los países receptores de niños y niños chilenos que fueron adoptados”, dijo.
“Actualmente hay un proceso de levantamiento de información, y ahora con la cooperación internacional se está avanzando en eso. Son miles de niños los que habrían sido sustraídos y adoptados ilegalmente en un periodo que va desde mediados de los 60 hasta el término de la década de los 90”, explicó Cordero.
“Cuando hablamos de adopciones irregulares, no estamos hablando solo del periodo de dictadura. Esto es un aspecto que es bien relevante porque está asociado, entre otras cosas, al tipo de regulación que el país tenía”, explicó el secretario de Estado.
“Y por eso, además de las investigaciones penales, Chile está avanzando en la mesa de adopciones irregulares que se instaló el año pasado, con varios organismos públicos, entre otros, para la consolidación de la información”, complementó.
“Esto terminó siendo un tema porque en la última década, en los países receptores de adopciones irregulares, se empezaron a detectar este tipo de circunstancias ilegales, que es lo que sucedió en Países Bajos, en Francia, en Suecia”, añadió.
“Las investigaciones nacieron con niños y niñas que provenían de África, pero que a propósito de esas investigaciones se han obtenido antecedentes también de las que provinieron de Chile en la década del 70 y la década de los 80", finalizó el ministro de Seguridad Pública.
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