La iniciativa busca reactivar la economía con 40 medidas, incluyendo exenciones de IVA, fin a contribuciones para adultos mayores y una polémica reforma tributaria, entre otras.
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Este martes 21 o miércoles 22 de abril, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados recibirá formalmente el proyecto de reconstrucción nacional, iniciativa presentada el pasado 15 de abril por el Presidente José Antonio Kast que comenzará su tramitación legislativa en el Congreso Nacional.
Para su aprobación en general en la sala, el texto ya tendría asegurada una mayoría de 78 votos, respaldo que provendría no solo del oficialismo, sino también del Partido Nacional Libertario y de ciertos parlamentarios del Partido de la Gente. Por la vereda contraria, el rechazo de la oposición se considera inminente en caso de que el Ejecutivo se niegue a tramitar la reforma tributaria por separado.
Alcanzar un equilibrio estructural en las cuentas fiscales, lograr una expansión económica cercana al 4% anual y reducir la tasa de desempleo al 6,5% hacia el año 2030 son las metas primordiales de este plan, tal como lo comunicó el mandatario durante su reciente cadena nacional.
Mediante un paquete de 40 medidas, la administración busca otorgar seguridad social a los hogares chilenos, incrementar las remuneraciones y reactivar el crecimiento. Los pilares fundamentales de esta estrategia contemplan:
- Alivio tributario: Fomento al empleo mediante beneficios para las Pymes y una caída del Impuesto de Primera Categoría del 27% al 23%.
- Fondo de Emergencia: Inyección de mayores recursos destinados a la reconstrucción de las regiones de Ñuble y Biobío.
- Vivienda y personas mayores: Fin al cobro de contribuciones para la tercera edad y exención del IVA en la adquisición de propiedades.
- Certeza Jurídica: Resguardo a las inversiones y mayor rapidez en el otorgamiento de permisos sectoriales.
Para dinamizar el rubro de la construcción y ayudar a miles de familias a concretar el sueño de la casa propia, el texto propone una exención opcional y transitoria del IVA en la comercialización de inmuebles nuevos. El propósito es dar salida a un inventario de aproximadamente 100.000 viviendas que actualmente carecen de compradores activos debido a sus elevados costos, logrando así una disminución directa en el precio final.
Esta franquicia tributaria operará bajo las siguientes condiciones:
- Plazo: Su vigencia se extenderá por 12 meses desde su implementación.
- Alcance: Beneficiará a propiedades que cuenten con recepción parcial o final. Además, abarcará estacionamientos y bodegas siempre que se comercialicen en el mismo acto.
- Impacto: Facilita el acceso a la vivienda mediante una rebaja directa en el valor de compra, al mismo tiempo que reactiva el sector de la construcción.
Como una forma de premiar el esfuerzo de toda una vida, la normativa establece la eliminación total del impuesto territorial para la residencia habitual de las personas mayores de 65 años.
Quienes posean dos o más bienes raíces en el territorio nacional deberán especificar cuál es su vivienda principal, ya que la exención solo podrá invocarse para un único inmueble.
Para evitar un perjuicio económico a las regiones, el Estado suplirá esta merma de ingresos entregando aportes suplementarios al Fondo Común Municipal.
La entrada en vigor de este beneficio dependerá de la fecha de publicación de la ley: si ocurre durante el primer semestre, regirá desde el 1 de julio de ese mismo año; de lo contrario, se aplicará a partir del 1 de enero del año siguiente.
Frente a una tasa de desempleo que se sitúa en un 8,3%, el Ejecutivo creará un crédito tributario enfocado en resguardar el empleo formal. Este mecanismo operará como un subsidio directo que abaratará los costos de contratación, favoreciendo tanto a las pequeñas y medianas empresas (Pymes) como a las grandes compañías.
La operatividad del beneficio será la siguiente:
- Subsidio al sueldo: Cubrirá remuneraciones que oscilen entre las 7,8 UTM (aprox. $545.000) y las 12 UTM (aprox. $838.000).
- Para las rentas de 7,8 UTM, el crédito corresponderá a un 15%, porcentaje que irá descendiendo progresivamente hasta llegar a un 0% para aquellos sueldos que sobrepasen las 12 UTM. Producto de esto, empresas de todo tamaño verán reducidos sus costos laborales.
- Liquidez inmediata: Al permitir una rebaja en el pago mensual de los PPM y el IVA, el empleador dispondrá de recursos frescos justo antes de cumplir con sus impuestos.
- Inyección masiva: Los cálculos apuntan a que esta iniciativa inyectará US$ 1.400 millones anuales al sistema productivo, beneficiando a más de 4 millones de trabajadores.
La modernización del sistema impositivo asoma como el eje más polémico del proyecto. El cambio más significativo radica en la reintegración del sistema y en la rebaja del Impuesto de Primera Categoría (IDPC) del 27% al 23%.
Contrario a lo que se podría suponer, desde el Gobierno argumentan que esta disminución corporativa no busca beneficiar a los dueños de las empresas, sino que funciona como un incentivo para la reinversión.
Al conservar los impuestos finales a las personas (que llegan hasta un 40%) y reducir el gravamen corporativo, resulta más atractivo mantener el dinero dentro de la firma para contratar más personal o adquirir maquinaria, en lugar de retirarlo como ganancia personal.
Sumado a esto, se proyecta recuperar la integración total del sistema para el año 2031. Esto pondrá fin a la actual discriminación hacia quienes generan rentas del capital frente a las del trabajo, permitiendo que los emprendedores descuenten de sus impuestos personales el 100% de lo pagado por su empresa.
En el caso de las Pymes, se mantendrá el régimen de reducción transitoria fijado en la Ley 21.755 (12,5% entre los años comerciales 2026 y 2027, y 15% en 2028).
La paralización de proyectos durante años a causa de la "permisología" es vista por el Gobierno como un factor importante del estancamiento económico que afecta al país. Para solucionar esto, se proponen las siguientes acciones:
- Reducción de plazos de invalidación: El tiempo que tiene la administración para anular un permiso sectorial bajará de 2 años a solo 6 meses. Esto entregará certeza inmediata a sectores como la construcción, obras públicas, energía y minería.
- Seguro para proyectos aprobados: Se habilitará un mecanismo de reembolso de gastos ejecutados para aquellas iniciativas que, contando con una Resolución de Calificación Ambiental (RCA), sean posteriormente anuladas en tribunales. Así se evita que el miedo a la incerteza jurídica frene la inversión inicial.
Dado que solo se reembolsará lo que se alcanzó a ejecutar entre la calificación ambiental y su revocación —lo que en proyectos grandes suele ser una fracción de la inversión total—, esta medida tendrá un impacto acotado sobre las arcas fiscales.
La obtención de los $400 mil millones adicionales destinados a la reconstrucción de Ñuble y Biobío no recurrirá a una deuda desmedida, sino a mecanismos de recaudación transitorios y eficientes:
- Repatriación de capitales: Se ofrece una tasa del 10% para declarar voluntariamente bienes en el extranjero (por una ventana de 12 meses desde el primer día del tercer mes siguiente a la publicación de la ley). Este gravamen tendrá una rebaja al 7% si el dinero vuelve a Chile por al menos 8 años (dentro de los primeros 3 años desde la publicación de la normativa).
- Impuesto a las donaciones: Con el fin de captar recursos de grandes patrimonios de manera inmediata, se crea una ventana de 12 meses donde las donaciones pagarán solo el 50% del impuesto habitual.
Aunque se abona la mitad del gravamen, el crédito imputable al futuro impuesto a la herencia se mantiene por el 100% del impuesto determinado.
Para agilizar el proceso y aumentar la recaudación fiscal inmediata, la donación quedará eximida del trámite de insinuación judicial, debiendo señalarse la composición del patrimonio del donante mediante una declaración jurada ante el SII.
De todos modos, la donación no podrá superar en ningún caso el 75% del patrimonio y deberá efectuarse respetando los porcentajes asignables a los legitimarios (cónyuge, padres e hijos) y a los asignatarios de la cuarta de mejoras (nietos y los legitimarios).
Finalmente, el proyecto establece la suspensión por 4 años del ingreso de nuevas instituciones a la gratuidad. Según el Gobierno, esta medida busca estabilizar un gasto que crecía a tasas insostenibles para el presupuesto nacional.
PURANOTICIA
