El Alcalde de La Florida tiene plazo hasta este viernes 15 para responder a observaciones a los movimientos de recursos por casi $4.000 millones hechos con tres programas de educación, administrados por la Corporación Municipal. En la entidad aseguran que las han corregido casi todas, pero la premura de Rodolfo Carter por buscar asesoría en un abogado con nexos en la Contraloría demuestra que todavía queda un trabajo muy complejo y reservado por hacer.
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En medio de la discusión para decretar Estado de Excepción Constitucional en la región Metropolitana como respuesta a la crisis de seguridad, el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, se adelantó y ordenó un estado de emergencia en la comuna. Una acción mediática para instalarse nuevamente en la discusión pública. Particularmente por el anuncio de contratar a 100 personas retiradas de las Fuerzas Armadas para reforzar lo que el jefe comunal describió como un “batallón de acción ciudadana” y además por el compromiso de “aumentar sustantivamente nuestros recursos” en seguridad.
Durante la última semana Rodolfo Carter ha usado su capital político (90 mil votos en la última elección de 2021) para defender la opción «A Favor» y proyectar su futuro político fuera de La Florida, donde no puede reelegirse por ley. Desde hace años, Carter maneja entre sus cartas la opción de presentarse al Senado por Valparaíso. Nació y vivió su primera infancia en la Ciudad Puerto, donde podría rendir frutos su perfil de líder duro contra la delincuencia. Tan convencido está de perfilarse en esa dirección, que no dudó en cuestionar al Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, cuando aseguró que el “estado de emergencia comunal” decretado por Carter, “no existe en el ordenamiento jurídico”. El Alcalde no se contuvo y pidió que el Contralor hablara con sus dictámenes y no por la prensa. Además, le pidió a Bermúdez, que deja el cargo este viernes, “un poquito más de rigor”.
Precisamente el rigor que la Contraloría está aplicando en la auditoría a la Corporación Municipal de Educación y Salud (Comudef) de La Florida. Hay dos informes que reportan las inconsistencias detectadas por el ente fiscalizador en la administración de los recursos públicos: el primero informe es el 235/2022 hecho por la Unidad de Auditoría.
Este examen, efectuado el año pasado pidió a la Corporación Municipal “respaldos respectivos de la composición del saldo de los recursos por percibir de terceros” al 31 de diciembre de 2020, en dos cuentas corrientes: la primera por $2.026.171.884 y la segunda por $4.092.695.900. En uno de los puntos del informe, la Contraloría advirtió que, de no entregar la información requerida, enviaría los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado (CDE) y al Ministerio Público.
Pero en la Comudef aclaran que eso finalmente no ocurrió, porque la respuesta fue satisfactoria: “La Corporación ingresó las respectivas acreditaciones en el oficio ORD, N° 796, de 2022, el cual fue respondido por la CGR”, afirman en una declaración enviada a Puranoticia.cl. Y la respuesta, según afirman en la entidad edilicia, dio por concluido el asunto. Además, entregan el detalle de lo que contestó la Contraloría, en un documento recibido el 7 de septiembre de este año: “Conforme las instrucciones impartidas por esta sede regional en la conclusión número 16 del informe final que se examina, y los análisis aportados en su respuesta, esta II Contraloría Regional Metropolitana de Santiago ha determinado no informar de tales hechos a la Fiscalía de Alta Complejidad Regional Metropolitana Centro Norte del Ministerio Público”.
Sin embargo, el equipo del alcalde Carter buscó asesoría urgente para responder un detalle que sigue pendiente en este informe. Se trata de conciliar con el balance general dos aspectos que el informe describe en un par de tablas: la primera contiene un registro de honorarios pagados por la Municipalidad, por un total de $21.860.001 y por la Comudef, por un total de $147.671.131; la segunda muestra una conciliación pendiente entre el balance general y los saldos de las 18 cuentas corrientes de la Comudef, detallados en la Tabla 2 del informe.
Eso no es todo. El problema se amplía con un segundo documento: se trata del “Seguimiento de observaciones” a otro informe de auditoría, rotulado 694/2022. Este documento está fechado el 19 de octubre y tiene un plazo de 60 días hábiles para ser respondido. Menos extenso que el anterior, (solo 12 páginas) de todas maneras toca un aspecto sensible para el electorado: los fondos públicos para educación.
Este informe de seguimiento, que proviene de una investigación finalizada en diciembre de 2022, advierte que casi un año después de hechas las observaciones, y analizada la respuesta de la Comudef, persisten diferencias contables no aclaradas en las rendiciones de los fondos de tres áreas: la Subvención Escolar Preferencial (SEP), el Programa de Integración Escolar (PIE) y el Fondo de Apoyo a la Educación Pública. Este documento fue enviado al alcalde Carter el 19 de octubre y el plazo ya empezó a correr.
Concretamente, Contraloría revisó las cuentas correspondientes al PIE en los años 2018, 2019 y 2020. Queda pendiente aclarar, según el documento, “una diferencia neta con los ingresos informados por la Superintendencia de Educación” por $ $507.056.179
Respecto de los gastos SEP, la Contraloría mantuvo la observación sobre pagos de honorarios que no se encuentran en las rendiciones a la Superintendencia de Educación por $279.690.993 y $246.917.018. También en relación a los gastos de la SEP, se detectó el no pago a proveedores entre 2018 y 2020 por $128.704.848
Otra observación al manejo de los fondos de la SEP arrojó una discrepancia de $2.357.906.149, entre los ingresos a la cuenta corriente y las transferencias a otra cuenta, destinada a remuneraciones. La corporación respondió a la Contraloría que “las cifras nunca serían concordantes” porque se trata de diferencias entre sueldos líquidos, pagados por la Comudef, y los ingresos de la subvención, que son montos brutos. A pesar de la explicación, la Contraloría mantuvo su observación.
Finalmente respecto de los recursos destinados al Fondo de Apoyo a la Educación Parvularia (FAEP), se detectó un total de $383.485.504, correspondiente a “operaciones rendidas que no fueron pagadas”, según dice el informe, entre los años 2018 y 2020. La respuesta de la Comudef, tampoco fue suficiente y se mantuvo la observación.
El total de recursos observados, provenientes de las subvenciones escolares, da una cifra de $3.903.534.666 millones.
En la Comudef aseguraron, a través de la respuesta enviada, que al 29 de noviembre de 2023, "las solicitudes de la Contraloría han sido respondidas correctamente, quedando sólo una última acción en pleno desarrollo, la cual tiene como plazo límite el 11 de diciembre de 2023. Esta solicitud en particular consiste en la licitación de un organismo auditor externo para revisar y confirmar los antecedentes entregados acerca de los movimientos bancarios de las cuentas corrientes de la Comudef”.
Afirman que esta licitación ya concluyó y la empresa externa está haciendo la auditoría.
Pero la preocupación es real. Especialmente porque estos informes con cifras millonarias en desorden se activaron luego de la salida de la jefa de la Comudef, Jannett Fernández, quien se distanció del alcalde Carter después de tener una relación de estrecha confianza, al punto que la ex secretaria general de la Corporación le ayudó en el proceso de adopción de sus hijos.
Actualmente, en el equipo de Carter la apuntan a ella como quien reactivó e hizo público este problema. En el entorno de la ex jefa de la Comudef, precisan que los informes contienen observaciones del período en que Juan Enrique Pérez, muy cercano a Carter en términos políticos y financieros, era el jefe de la Comudef. De cualquier forma, el alcalde ya sondeó ayuda experta para responder a la Contraloría “en tiempo y forma”. Un nombre propuesto fue el de Daniel Castillo. Conocido en la municipalidad, hasta 2021 trabajó en la dirección jurídica de la Comudef. Castillo es abogado de la Universidad de Chile y actualmente trabaja a contrata como jefe de la unidad jurídica del Hospital San José, con un sueldo de $3.096.997
Carter, ya lo conoce. Puede ser una pieza clave para salir del problema. Daniel Castillo, en su paso por La Florida, se preocupó de enviar señales de su buena relación con personas clave de la Contraloría. En 2021, a varios funcionarios de la Comudef, les llegó la foto de Daniel Castillo en su perfil de Facebook con el contralor Jorge Bermúdez. También en ese período hizo saber de su cercanía con la subcontralora Dorothy Pérez, la más probable reemplazante de Bermúdez a partir del 16 de diciembre, cuando el Gobierno deba proponer un nombre. Daniel Castillo y Dorothy Pérez fueron compañeros en la Universidad de Chile y no es extraño que se junten en ocasiones fuera del horario laboral, según el propio Castillo ha relatado a directores de la Comudef, que hablaron en reserva para esta nota.
El abogado ya fue sondeado por Carter y sus asesores más cercanos para cumplir la misión de responder a la Contraloría y evitar que el asunto escale. Al menos en el entorno de Carter, ya recogieron el consejo de que es imperativo ordenar las cuentas. Porque las observaciones de seguimiento al informe 694 relacionadas con las subvenciones escolares, pueden llegar al CDE y al Ministerio Público.
Según cercanos a la ex jefa de la Comudef, Janett Fernández, (Castillo fue su abogado en un juicio de cuentas) el abogado pidió incorporar desde la Comudefa un equipo muy acotado de personas de confianza para ayudar en el trabajo. Esta confianza incluye trabajar con los celulares apagados. Para evitar que ocurran filtraciones como la de Orlando Herrera. En abril de este año el ex jefe de contabilidad de la Comudef, en una demanda por despido injustificado, aseguró que fue “presionado” para no denunciar irregularidades a la Contraloría, según reveló el medio Interferencia. Pero también por las consecuencias del uso no controlado de información privada que dejó al descubierto el Caso Audios protagonizado por Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos.
El equipo de confianza incluye también a Yasna Ardiles, conocida de Castillo, y cercana a la ex directoria de la Corporación Municipal. Ardiles actualmente trabaja a honorarios en la Comudef. Su trabajo es precisamente ayudar en “Acciones de apoyo vinculadas con la rendición de gastos”. Según el portal de transparencia de la corporación, hasta el 31 de diciembre. Antes fue directora de Administración Y Finanzas y de Recursos Humanos de la Comudef. Ardiles, fue administradora municipal de Cathy Barriga en Maipú, donde presentó su renuncia indeclinable en 2019, cuando se detectaron las irregularidades. De profesión Contadora Auditora, su experiencia para resolver este problema es muy valiosa. Trabajó en Contraloría desde 2017 en la unidad de Auditoría Administrativa.
Aunque está muy bien aspectado, la asesoría de Daniel Castillo, aún no está cerrada.
En la Comudef, funcionarios cercanos a la administración recién descabezada, afirman que la dificultad viene desde el propio Alcalde. Una versión apunta a los honorarios de Castillo, cercanos a las 300 UF por responder los informes. Tarea que puede hacer la empresa auditora y el equipo de la Comudef. Otra versión afirma que la cifra es abordable y la razón sería que Carter teme que se filtre información, a través del abogado, hacia personas que podrían usar este problema que hasta ahora no era tan público para perjudicarlo políticamente. Al cierre de esta nota, cercanos al Alcalde de La Florida afirmaron que la decisión fue responder con el equipo municipal y las personas de la empresa externa que ganó la licitación.
PURANOTICIA
