Durante la instancia "Presidente Presente" en la región de Atacama, el Mandatario sostuvo que “había un consenso de que habían recintos penales sólo para personas que hayan sido miembros de las FF.AA o las policías. El Gobierno anterior no lo respetó".
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El Presidente José Antonio Kast encabezó la instancia “Presidente Presente” en la región de Atacama, donde abordó diversos temas con la comunidad.
Respecto a la polémica que se generó luego de que calificara como una “metáfora” su promesa de campaña de expulsar a 300 mil personas del país durante el primer día de su mandato, el jefe de Estado indicó que "eso claramente no es posible. Si alguien entendió que nosotros al día siguiente, el 12 de marzo, íbamos a poder expulsar a 300 mil personas, no hay capacidad aérea, no hay capacidad en barcos, ni en buses para hacerlo".
Añadió que "no se imaginan la precariedad de todo lo que es migraciones. Hay cerca de 20 mil carpetas que están ahí para la firma y la persona que estaba antes dijo ‘yo no las voy a firmar’ y la verdad, no les importaba el tema y venía una migración enorme”.
Uno de los asistentes le preguntó a la primera autoridad del país cuándo se otorgaría “libertad a los héroes de la patria que están presos y que han dado la vida por este país”, en alusión a los condenados por delitos de lesa humanidad durante la dictadura.
Al respecto, Kast respondió que "fui muy claro. A alguien lo pueden condenar los tribunales pero es justicia, no venganza (...) Lo primero es garantizar que esa condena se cumpla y en condiciones dignas y eso no está ocurriendo con ninguno de los presos en Chile".
El Mandatario enfatizó que en campaña no prometió indultos "absolutos" y que cualquier medida se evaluaría caso por caso: “Dije que ocuparía la facultad de indulto una vez que analizáramos caso por caso. Hasta ahora no hemos indultado a nadie, pero sí estamos intentando que todos los que cumplen condena puedan hacerlo de manera digna”.
Luego cuestionó la gestión del Gobierno de Boric en relación al uso de los recintos carcelarios.
“Había un consenso de que habían recintos penales sólo para personas que hayan sido miembros de las FF.AA o las policías. El Gobierno anterior no lo respetó y empezó a mezclar poblaciones penales o personas condenadas. Estamos ordenándolo, porque no corresponde”, explicó.
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