El texto judicial, además, agrega que "ha validado públicamente la vía armada como un mecanismo legítimo para reivindicar demandas sociales".
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Este viernes, el Ministerio del Interior presentó ante el Juzgado de Garantía de Temuco, la ampliación de la querella contra el líder de la Coordinadora Arauco Malleco, Héctor Llaitul.
Cabe recordar que Llaitul sostuvo en una entrevista publicada por el sitio Werken Noticias, que “la prioridad nuestra es canalizar la violencia hacia el sabotaje, hacia un sabotaje muy bien dirigido. Hacia insumos, hacia maquinarias y por eso (…) lo que deben retratar los medios de comunicación es que nosotros respetamos a los trabajadores (…)”.
Tras estos dichos, el día miércoles, la ministra del Interior, Izkia Siches aseguró que "hemos analizado sus dichos, que son constitutivos de delito, donde se atribuye la participación de ellos y queremos reiterar la interpretación que hacemos, porque estamos convencidos que desde el 2019 existen querellas por Ley de Seguridad de Estado que permiten al Ministerio Público actuar".
Agregó que "a pesar de ello, vamos a ampliar querella en torno a estos hechos y solicitar una serie de diligencias investigativas al Ministerio Público para demostrarle a la ciudadanía que el gobierno está comprometido".
Y fue esto lo que terminó por concretarse el día de hoy. De acuerdo a La Tercera, el Ejecutivo señaló que durante tres intervenciones públicas -el 11 de mayo y el 21 y 25 de julio- Llaitul habría llamado a “realizar un levantamiento armado, tanto contra empresas forestales, como contra las Fuerzas Armadas".
El texto judicial, además, agrega que "ha validado públicamente la vía armada como un mecanismo legítimo para reivindicar demandas sociales".
Asimismo, se vinculan los dichos de Llaitul con otras diez causas de violencia, donde el Ministerio del Interior ya se había querellado.
"El ente persecutor queda facultado para desarrollar la actividad investigativa respecto de todo hecho que se relacione, como en este caso, directamente con el objeto de la persecución penal vigente en la presente investigación y, todo ello sin perjuicio de las facultades constitucionales y legales del Ministerio Público para investigar y, en definitiva formalizar y acusar por los delitos comunes que puedan llegar a acreditarse", subraya también el texto.
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