El Ejecutivo incluirá en su próximo proyecto una moratoria de cuatro años para nuevas instituciones en el sistema de gratuidad y propondrá restringir el acceso al beneficio a quienes superen los 12 años desde su egreso escolar, en medio de preocupación por el alza sostenida del gasto y cuestionamientos sobre su uso.
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Para la próxima semana fue postergado por el Ejecutivo el envío al Congreso del proyecto de ley de reconstrucción. Dicha iniciativa contempla en sus lineamientos dos restricciones clave respecto a la gratuidad en la educación superior.
De acuerdo con lo informado por El Mercurio, uno de los ejes de la propuesta pretende “suspender por 4 años el ingreso de nuevas instituciones de educación superior al sistema de financiamiento institucional para la gratuidad”.
La razón detrás de esta decisión radica en que el desembolso estatal para sostener esta ayuda “crece año a año a tasas vertiginosas: en 2025 se destinaron más de $2,2 billones con este fin, $250 mil millones más que el año 2024, y se espera que esto continúe creciendo”. Así lo detalla una minuta gubernamental que fue distribuida durante la jornada del miércoles.
Las cifras respaldan esta preocupación: el gasto fiscal asociado a este beneficio se disparó un 121% entre los años 2016 y 2024. Este incremento representa casi el triple del alza registrada por la enseñanza preescolar, básica y media en el mismo periodo.
Pese a este escenario, durante el año pasado ninguna casa de estudios se sumó a la gratuidad ni se registraron solicitudes formales para adscribir al sistema. Si bien en su momento se comentó sobre un supuesto interés por parte de la U. Andrés Bello y AIEP, ambas instituciones descartaron aquello ante el citado diario.
Para justificar esta moratoria, Jorge Quiroz, ministro de Hacienda, citó un estudio elaborado por la Fiscalía Nacional Económica. Dicho reporte reveló que un 35% de los cerca de 5 mil programas de pregrado que existen presentan un retorno económico negativo, mientras que la proporción de estudiantes que ingresa a estas carreras ha ido al alza, llegando a cerca del 40% en 2023.
Frente a estos datos, el secretario de Estado señaló que representan “una luz de atención, porque, a lo mejor, la gratuidad nos está sugiriendo que puede estar siendo objeto de abuso, no por los beneficiarios, no por los alumnos, sino por quienes están proveyendo el servicio”.
Por otro lado, el Ejecutivo también plantea establecer un límite de tiempo para que los estudiantes puedan acceder a este financiamiento. La idea es imposibilitar el cursar una carrera sin pagar una vez transcurridos 12 años tras el egresado del colegio.
Sobre este punto, Quiroz dijo que “se puede hablar de 30 años (de edad como límite para obtener gratuidad), pero la redacción específica es 12 años después del egresado de la educación secundaria. Coincide con los 30 cuando el egreso es de 18”.
El titular de Hacienda agregó que “esta medida no es una idea nuestra, fue propuesta por la Comisión Asesora para la Reforma Estructural y el Gasto Público, que convocó el ministro (Mario) Marcel el año 2025, y la hemos copiado prácticamente idéntica en este proyecto”. Según dicho documento, se recomienda poner un límite de acceso al beneficio hasta los 30 años, pero hace una salvedad: “en el caso de las carreras técnicas, no se considera pertinente establecer un límite de edad”.
Sin embargo, tras una revisión realizada por el matutino a la propuesta de la Comisión, se constató que no se recomienda el punto de suspender el acceso al beneficio tras 12 años de egresar del colegio, a pesar de lo descrito por Quiroz. Al ser consultado al respecto por "El Mercurio", Hacienda no entregó respuesta.
Desde la cartera educativa, la ministra María Paz Arzola indicó que “la restricción que se va a imponer tiene que ver con el plazo desde el egreso, para poder así responder a dudas que ocurrieron durante la discusión prelegislativa, por lo tanto, se ha acogido eso, lo que no obsta es que se pueda seguir conversando durante la tramitación”.
Analizando el impacto de estas iniciativas, Harald Beyer, profesor de la Escuela de Gobierno UC, sostiene que “la moratoria por cuatro años me parece más razonable que la otra medida. Hay que pensar que en este período la matrícula de educación superior aún no va a comenzar a caer y los estudiantes ya saben que hay instituciones que no están en gratuidad, y a pesar de ello, las han elegido. No veo entonces que esto les afecte en demasía”.
En esa misma línea, el exministro de Educación agrega que “la otra medida es más debatible. Es una forma distinta, pero al final equivalente de limitar la gratuidad para mayores de 30 años. Creo que, hacia futuro, eso se podría plantear, pero aún tenemos un rezago en personas que en otras circunstancias económicas habrían elegido continuar en la educación superior y no pudieron materializarlo. Los ahorros en esta medida, además, son modestos. La inmensa mayoría de esas personas que estudian no acceden a gratuidad”.
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