El director nacional de la institución, Sebastián Urra, fue quien presentó la acción judicial ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, contra quienes resulten responsables de la filtración del documento.
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Gendarmería interpuso una querella tras la filtración del informe reversado de Contraloría sobre los inhibidores de señal en las cárceles.
El director nacional de la institución, Sebastián Urra, fue quien presentó la acción judicial ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, contra quienes resulten responsables de la filtración del documento.
La querella señala que "en el marco de un proceso de investigación especial y fiscalización al proceso de implementación del sistema de bloqueo de señal de telefonía en recintos penitenciarios, realizado por la Contraloría General de la República, se emitió informe final con carácter de reservado, ya que la publicidad de su contenido podría afectar gravemente la seguridad pública".
Según han acusado, el informe fue obtenido por medios de comunicación “sin reservas de ningún tipo, que protegiera la información que pudiere afectar la seguridad pública, y en especial la carcelaria”.
De acuerdo a Gendarmería esto constituye delitos de violación de secreto, delito de infidelidad en la custodia de documentos, y delito informático.
En cuanto al documento emitido por Contraloría, Urra señaló que las observaciones fueron acogidas y se incorporaron en el proceso de licitación que “se lleva a efecto para las próximas 9 unidades penales donde se implementará el sistema de bloqueo”.
“El sistema sí funciona. Eso produce tranquilidad tanto para el entorno más cercano del cuadrante Pedro Montt, así como también en el ámbito de la seguridad nacional respecto del combate a la criminalidad”, subrayó el director de Gendarmería.
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