Un análisis de la Universidad San Sebastián revisó más de 700 mil casos en la última década. El informe advierte una baja efectividad judicial frente a la profesionalización de las bandas.
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Un estudio del Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado (Cescro) de la Universidad San Sebastián (USS) evidenció que solo el 28% de las causas asociadas a este tipo de estructura delictual ha terminado con una sentencia condenatoria la última década.
La investigación analizó los términos de las causas judiciales relacionadas al crimen organizado desde 2014 al 2024.
El informe, del análisis de 74 delitos agrupados en ocho categorías, reveló que sólo el 27,8% de las causas relacionadas al crimen organizado ha terminado con una sentencia condenatoria en los últimos 10 años.
El director del Cescro, Luis Toledo, destaca que “este es el primer informe que concentra una década de la persecución penal en nuestro país, sobre todo en los resultados que ha tenido el sistema de persecución penal en las causas terminadas en ese periodo”.
Al revisar el volumen total de 708.616 causas analizadas, el documento de la USS constató que los delitos ligados al crimen organizado significaron, en promedio, un 3,7% del total de ingresos al sistema penal. No obstante, la tendencia va al alza, ya que esta cifra saltó de un 2,4% registrado en 2014 a un 5,2% durante 2024.
Si se desglosa esta criminalidad por tipología, las infracciones por drogas lideran ampliamente con un 61,4%. Más atrás se ubican los ilícitos asociados a armas (20.3%), seguidos por el contrabando (7,9%) y los hechos de violencia (5,9%), además de otras categorías menores.
Con el objetivo de ilustrar cómo el aparato de justicia procesa el ingreso de estas bandas, el estudio categorizó los cierres de las investigaciones en tres vías: "judiciales" (con intervención de un tribunal), "no judiciales" (sin resolución de un juez) y "otras salidas" (principalmente de carácter administrativo).
A nivel global, la mayor parte de los expedientes (53,6%) finalizó su tramitación lejos de los tribunales. Los datos precisan que solo un 46,4% de las indagatorias consiguió una "salida judicial", donde se enmarca el 27,8% de sentencias condenatorias. En contraste, dentro de las "salidas no judiciales", un preocupante 33,5% de los casos fue archivado y en un 5,9% se optó por la facultad de "no perseverar". Por su parte, las "otras salidas" abarcaron el 12,6% de los términos, destacando un 11% que fue "agrupado a otro caso".
Frente a este escenario, Toledo advierte una pérdida de eficacia en el tiempo. “Si bien tenemos más condenas en números absolutos, proporcionalmente estamos peor. En 2014, el 58% de las causas terminaban en salida judicial. Hoy solo terminamos con salidas judiciales el 44%. Es decir, hay más causas, pero menos efectividad relativa”, puntualiza el experto, para luego sentenciar que “hay una brecha entre lo que dice la ley y lo que hace el sistema”.
El exfiscal identifica múltiples elementos que explican esta escasez de condenas y resoluciones en tribunales. “Primero, los plazos de investigación se han ido alargando de manera creciente. Segundo, los mecanismos probatorios se vuelven cada vez más difíciles por la profesionalización de las bandas. Tercero, creo que la especialización de las policías y de los fiscales también da cuenta de una falencia en torno a llegar a un resultado positivo. Y cuarto, el Poder Judicial en materia de gestión de esta causa, que no tiene distinción entre causas de alta complejidad o no, también da cuenta de una brecha entre lo que se pretende con las reformas y lo que se obtiene finalmente”, detalla.
A esto se suma una paradoja respecto a los recursos estatales, según complementa el director del Cescro: “Durante la última década, el Estado ha invertido en la persecución del crimen organizado como en ninguna otra década anterior. Sin embargo, lamentablemente, estos esfuerzos económicos no se ven traducidos en una mejora en la persecución penal o en el resultado o eficiencia del sistema”.
Al observar el comportamiento de los ocho grupos delictuales, las diferencias en su nivel de judicialización son notorias. La ciberdelincuencia exhibe los peores indicadores, con apenas un 1% de "salida judicial". El 93% restante cerró sin pasar por un tribunal, lo que implica que más de 9 de cada 10 investigaciones no prosperaron judicialmente. En la vereda de la "corrupción", un 45% de los procesos culminó en tribunales, mientras que un 43% se resolvió por la vía "no judicial".
Un panorama distinto muestra la categoría de "organizaciones criminales" (que agrupa el lavado de dinero y la asociación ilícita), donde el 54,5% de las causas tuvo un término judicial, concentrándose la mayoría (38,9%) en sentencias condenatorias.
En cuanto a los ilícitos de drogas —que abarcan el tráfico y microtráfico y representan el grueso del crimen organizado a nivel nacional—, un 43,9% alcanzó "salidas judiciales". Sin embargo, un 42,8% terminó en "salidas no judiciales", con un 38,2% de los expedientes directamente archivados.
Por otro lado, la categoría denominada "presencia de armas" (tráfico o porte) registró una mayoría de términos judiciales (58,2%). A pesar de este alto porcentaje en tribunales, solo un 23,2% derivó en una sentencia condenatoria y en un 22,1% se tomó la decisión de no investigar. Dentro de las resoluciones "no judiciales" para este grupo, el 27,4% acabó en el archivo.
Finalmente, el apartado de "violencia" (secuestros, extorsión, homicidios) es el que enciende las mayores alarmas del reporte debido a la escasez de términos jurídicos. Aunque el 46,3% de estos crímenes logró una "salida judicial" (con un 32,4% de condenas), el análisis específico por delito arroja cifras críticas. A modo de ejemplo, el 83,5% de las extorsiones, el 83,3% de las conspiraciones para cometer un homicidio y el 53,7% de los secuestros finalizaron por vías no judiciales, siendo la mayoría de estos casos (23,1%) simplemente archivados.
PURANOTICIA
