La finalidad de los parlamentarios es que la contralora, Dorothy Pérez, se pronuncie sobre “el uso de recursos públicos” en el traslado del Mandatario a la capital de la región de Magallanes, el que tuvo un costo superior a 30 millones de pesos.
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Diputados de Renovación Nacional oficiaron a Contraloría para que fiscalice e instruya un sumario por el viaje que el presidente Gabriel Boric realizó el domingo 29 de junio a Punta Arenas, para ejercer su voto por la Primaria. Hay que recordar que dicha salida se enmarcó en su permiso parental (postnatal).
La finalidad de los parlamentarios María Luisa Cordero, Juan Carlos Beltrán y Bernardo Berger es que la contralora, Dorothy Pérez, se pronuncie sobre “el uso de recursos públicos” en el traslado del Mandatario a la capital de la región de Magallanes, el que tuvo un costo superior a 30 millones de pesos.
Cordero, impulsora de la iniciativa, expuso que no es el primer traslado del jefe de Estado Punta Arenas para ejercer su derecho a sufragio, “todos con un considerable gasto de recursos públicos”.
Y añadió que en el caso del viaje del 29 de junio, lo hizo en pleno permiso especial -o posnatal parental- “pagado por el nacimiento de su primera hija. Y esto genera dudas en cuanto a si realmente podía viajar al sur, considerando además que este permiso es para que el padre, en este caso el Presidente Boric, estuviera presente al lado de su hija y no cumpliendo funciones ajenas a cuestiones familiares y personales que requieren dedicación personal”.
Y en esa línea se destaca en el oficio que el permiso “implica la suspensión temporal de las labores habituales, con la expectativa razonable de que quien lo utiliza no realice actividades relacionadas con sus funciones laborales ni otras que implique movilización o despliegue de recursos públicos”.
Se añade en el escrito que si “bien el derecho a sufragio es un deber y un derecho constitucional (...) el financiamiento con recursos públicos de un desplazamiento durante un permiso laboral pagado plantea interrogantes sobre la correcta asignación y uso de fondos públicos, así como sobre el cumplimiento de las normas que regulan la conducta de los funcionarios públicos y la utilización de recursos estatales”.
Mientras que Berger consideró que no se puede seguir “usando el Estado como chequera personal para hacer gestos simbólicos”.
El parlamentario de la región de Los Ríos precisó que en su zona “nos sacamos la mugre por cada peso para pavimentar un camino rural o para mantener operativo un Cesfam. Y el Presidente, que vive en Santiago, decide gastar más de 30 millones de pesos para ir a votar a Punta Arenas, en elecciones voluntarias y estando con permiso posnatal. Eso no es descentralización, eso es una burla”.
El diputado por La Araucanía, Juan Carlos Beltrán, en tanto, dijo que “es necesario que la Contraloría vea bien este tema, que determine si el viaje que se hizo durante el posnatal del Presidente, se ajusta a las normas. Porque no puede ser que todos los chilenos terminemos pagando los gustos del Presidente, quien además está a tiempo de cambiar su domicilio electoral y así evitar que en noviembre y ante una hipotética segunda vuelta presidencial, los chilenos tengamos que pagar sus traslados”.
Y en el oficio se especifica que el elevado costo económico que significa que un Presidente de la República deba trasladarse para sufragar -por despliegue de recursos humanos y logísticos- se justifica o no.
Por lo mismo piden a la Contraloría que “fiscalice y vele por el buen uso de los recursos públicos y la observancia de los principios de legalidad y probidad administrativa, y requiera la información necesaria tanto de la Directora Administrativa de la Presidencia de la República (...) y demás personas que estime conveniente”, además de la instrucción de “un sumario administrativo destinado a aclarar y determinar la legalidad de este accionar, aplicando, de corresponder, sanciones a los responsables”.
PURANOTICIA
