El diputado RN dijo que “nos parece que una persona que tiene dudas en materia de su probidad no puede ser subsecretario de ninguna cartera”.
Un duro cuestionamiento realizaron algunos parlamentarios oficialistas en contra del futuro subsecretario de Fuerzas Armadas, Galo Eidelstein (PC), toda vez que su vinculación con la Universidad Arcis sugiere que su nombramiento es “un retroceso” en términos de probidad y transparencia.
El diputado RN Diego Schalper sostuvo que este retroceso es evidente en prácticamente todos los nombramientos, ya que, a su juicio, se premió a los sectores más extremos de Apruebo Dignidad, entre los que destaca el PC, cuyo rol en el proceso de cierre de la Universidad Arcis ha sido blanco de críticas por la derecha.
Schalper incluso vinculó a Eildestein con un delito, toda vez que el futuro subsecretario “no sólo pertenece a un sector muy radical de la coalición de gobierno, sino que además estuvo involucrado, al menos aparentemente, en lo que fue el desfalco de la Universidad Arcis”, casa de estudios de la que Eildestein fue vicerrector de Gestión, Operaciones y Finanzas.
Incluso pidió a Gabriel Boric que revise tal designación, ya que “nos parece que una persona que tiene dudas en materia de su probidad no puede ser subsecretario de ninguna cartera”.
Luis Sánchez, diputado electo del Partido Republicano, afirmó que en 2008 “El Mostrador informó que el hoy nombrado subsecretario de las Fuerzas Armadas por Gabriel Boric, viajó personalmente a Venezuela a recibir 8 millones de dólares para la Universidad Arcis. Claro, en el mundo de la ultraizquierda esos son buenos contactos”, indicó, según radio Biobío. Y agregó: “Nombrar a alguien con vínculos oscuros con el chavismo hace a Boric cómplice”.
Iván Moreira, senador de la UDI, señaló a su turno que “más allá del desempeño nefasto que tuvo en la Universidad Arcis, lo más importante es lo peligroso que es este personaje como subsecretario de las Fuerzas Armadas”.
Diego Schalper, asimismo, anunció que hará todos los esfuerzos por reactivar una comisión investigadora en la Cámara de Diputados para determinar responsabilidades políticas en el proceso de cierre debido a cuestionamientos de la autoridad a los mecanismos de financiamiento.
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