El ministro de Justicia reconoció que "es evidente que donde hay establecimientos penitenciarios, se produce un impacto".
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Sin entrar en más roces con la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC), por la nueva cárcel en la comuna, el ministro de Justicia, Luis Cordero, abordó la crisis de seguridad y explicó la postura de su cartera frente a este fenómeno.
En esa línea, el secretario de Estado afirmó que “Chile no puede normalizar” hechos de violencia como los del último fin de semana extendido, cuando murió una veintena de persona, varios de ellos menores edad.
"Ningún homicidio, y particularmente en las condiciones que ocurrieron estos, se pueden normalizar", comentó en una entrevista con radio Universo.
"Creo que Chile no puede normalizar, creo que no lo ha hecho, creo si hay una coincidencia, con tonos más o tonos menos, ni los medios de comunicación ni el sistema político ha normalizado, y creo que es conveniente que no suceda", precisó.
El titular de Justicia advirtió que "en las agendas de seguridad pública, los Estados tienen dos maneras de abordarla; la primera, enfrentándolas y escandalizándose después de cada hecho que ocurre, para poder seguir tomando decisiones; y la segunda, es ignorándolas”.
“Porque se hacen tan recurrentes, que esta idea de crónica roja forma parte del noticiario o de la prensa, en cuyo caso, se normaliza", complementó.
Las "soluciones de seguridad", dijo, en el sentido de lograr que no ocurran hechos criminales de este tipo y que los autores sean identificados, apresados y sancionados, requieren "de acuerdos colectivos".
"Fraccionando el sistema institucional o polarizando la discusión pública, lo que puede ganar son minutos de televisión, pero lo que no va a ganar, van a ser resultados", afirmó.
Y subrayó que "con indiferencia de quien gobierna hoy o quien gobernó antes, si uno no soluciona el problema de seguridad, se transforman en problemas estructurales que van a sufrir las administraciones siguientes".
En cuanto a la decisión de construir una cárcel contigua a Santiago 1, en avenida Pedro Montt de la capital, dentro de lo que Cordero denominó en su minuto como un “polo judicial” o “carcelario”, la autoridad de Gobierno mencionó que esta no es una tendencia nueva y que el Estado ha buscado espacios para acoger a la población penal, en especial desde el inicio de la reforma procesal penal.
Y que en ese contexto, los reparos de la alcaldesa Irací Hassler le parecen comprensibles, aunque precisó que es una obligación del Estado hacerse cargo del problema de la delincuencia.
"Empatizo completamente con la alcaldesa, si la posición de la alcaldesa no es distinta a la de ningún alcalde”, afirmó Cordero, quien recordó que ya en 2011 “el que modificó el plan regular de Santiago para impedir que se construyera una cárcel, fue el alcalde (Pablo) Zalaquett".
"Lo que quiero decir con esto es que es evidente que donde hay establecimientos penitenciarios, se produce un impacto", insistió.
Sin embargo planteo que "o gestionamos el ingreso de las personas privadas de libertad (...) o gestionamos la disponibilidad de plazas. Pero no se pueden seguir metiendo personas privadas de libertad, haciéndose cargo de los temas de seguridad, y no desarrollar recintos penitenciarios", subrayó.
Cordero también detalló que en 2020-2021, el ex ministro de Justicia, Hernán Larraín, solicitó al Gobierno Regional Metropolitano modificar el plan regulador, porque "no había disponibilidad para desarrollar proyectos penitenciarios; de hecho, no se pueden ampliar los que ya están", y el año pasado, el Congreso se abrió a aprobar una ley que permite la ampliación y remodelación de proyectos penitenciarios.
“Esa es la facultad que permite proyectar esta cárcel de máxima seguridad”, subrayó.
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