El ente fiscalizador dio 15 días a la casa de estudios para informar sobre el uso de sus recintos y posibles responsabilidades tras el acto.
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El martes 14 de abril, la Contraloría General de la República emitió un pronunciamiento en el que cuestionó una actividad realizada en la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, vinculada al aniversario de la Revolución Cubana y al natalicio de Fidel Castro.
A través de un documento que lleva la firma del contralor Víctor Merino Rojas, el ente fiscalizador ordenó a la casa de estudios superiores que establezca normativas claras para autorizar el uso de sus espacios y que aplique sistemas de control previo de carácter objetivo.
Asimismo, la institución deberá indagar la eventual utilización de fondos estatales en propósitos externos y determinar posibles responsabilidades administrativas, otorgando un plazo de 15 días hábiles para remitir esta información.
El origen de esta indagatoria se remonta a una serie de denuncias bajo reserva respecto a una actividad efectuada el 6 de enero de 2026. Frente a esto, la universidad argumentó que la facultad respectiva únicamente facilitó el lugar tras una petición de la Federación Nacional de Asociaciones de Funcionarios y Funcionarias de la Universidad de Chile (Fenafuch). Dicha organización había catalogado la cita como una instancia de índole artístico-cultural, presentada en conjunto con el “Comité Solidaridad con Cuba”.
Pese a las justificaciones, diversas imágenes captadas en el lugar evidenciaron la asistencia de dirigentes políticos y diplomáticos extranjeros. Los registros fotográficos también dieron cuenta de homenajes a ciudadanos cubanos fallecidos en Venezuela, además de carteles alusivos a la Revolución Cubana.
En cuanto a los trámites para utilizar la Sala Isidora Zegers, los antecedentes revelan que el permiso fue solicitado el 5 de diciembre de 2025. Cuatro días después, el 9 de diciembre, la autorización fue aprobada a pesar de que no se contaba con una programación detallada del encuentro.
Desde la máxima autoridad del plantel, la Rectoría declaró “no haber tenido conocimiento previo y rechazó toda utilización político-partidista de instalaciones universitarias”. Sin embargo, el análisis de la Contraloría concluyó que la cita “excedió la mera realización de un evento artístico-cultural o de una simple reflexión académica, revelando una manifiesta connotación política”.
En su dictamen, el organismo de control recordó que “la autonomía de las universidades estatales no las exime del deber de observar los principios de juridicidad y de probidad administrativa”. En la misma línea, el texto subrayó que los bienes universitarios “solo pueden destinarse al cumplimiento de sus fines propios o, excepcionalmente, a otros fines de interés general debidamente justificados”.
Finalmente, la Contraloría sostuvo que esta situación deja al descubierto la necesidad de transparentar los mecanismos de autorización y mejorar los procesos de toma de decisiones. Todo lo anterior, sin desestimar las denuncias sobre uso de recursos institucionales y deficiencias de control interno.
(Imagen: El Mercurio)
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