La Corte de Apelaciones de Santiago ratificó las condenas contra tres oficiales en retiro del Ejército por destruir documentos claves de la dictadura entre 1980 y 1982.
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A través de una resolución unánime, la Corte de Apelaciones de Santiago dejó a firme las sentencias dictadas en contra de tres exoficiales del Ejército. Los uniformados en retiro fueron procesados por su responsabilidad en la destrucción –mediante fuego– de diversos registros en microfilm pertenecientes a la Central Nacional de Informaciones (CNI).
La eliminación de estos antecedentes trajo como consecuencia la pérdida de datos cruciales sobre el aparataje represivo de la dictadura durante el periodo comprendido entre 1980 y 1982. Entre el material que se esfumó por el actuar de los militares, destacaban los reportes de vigilancia efectuados al expresidente Eduardo Frei Montalva.
En cuanto a los castigos penales, el tribunal de alzada mantuvo las condenas de 3 años y un día de reclusión para el general de Brigada (r) Eduardo Jara Hallad y la teniente coronel (r) Mercedes Rojas Kuschevich. Ambos fueron sentenciados en calidad de autores del delito de infidelidad de custodia de documentos. Por su parte, como encubridor de la misma infracción, el general de División (r) Carlos Chacón Guerrero recibió una pena de 200 días de reclusión.
La cronología de los hechos se sitúa entre los años 2000 y 2001. En esa época, bajo las instrucciones directas del general Jara Hallad, fue la teniente coronel Rojas Kuschevich quien articuló la eliminación de los microfilmes de la CNI. Luego de inspeccionar dicho material en las dependencias de Contrainteligencia de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), la oficial ordenó a los suboficiales Luis Zúñiga y Osvaldo Ramírez trasladar los documentos a la localidad de Nos.
Fue concretamente al interior de la Escuela de Inteligencia donde los archivos fueron quemados de forma irregular, en una maniobra que no dejó ningún registro legal. Pese a la falta de actas del procedimiento, la operación fue reportada al jefe del Estado Mayor de la época, el general Carlos Chacón.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), en su calidad de responsable de la custodia y preservación de los archivos de las Comisiones Valech I y Valech II, ha recalcado la importancia que poseen los documentos que registran violaciones a los DDHH.
Analizados desde una perspectiva de justicia transicional, estos antecedentes almacenados resultan ser insumos indispensables para los procesos judiciales. Su valor radica en que permiten identificar patrones de responsabilidad estatal, establecer cadenas de mando y aportar pruebas en causas de desaparición forzada o crímenes de lesa humanidad.
Al mismo tiempo, desde el punto de vista de la reparación, contar con estos archivos permite a las familias acceder a información sobre sus seres queridos, rompiendo décadas de silencio. Finalmente, en una dimensión social y de compromiso democrático, garantizan que la memoria sobre lo ocurrido no quede oculta, promoviendo la educación en derechos humanos y la no repetición.
El fallo evidencia las dificultades de acceder a la verdad. Al haberse concretado la destrucción de estos documentos, se imposibilita contar con información relevante respecto al funcionamiento de la CNI entre 1980 y 1982, así como del seguimiento realizado al expresidente Eduardo Frei Montalva.
PURANOTICIA
