Blanca Rojas y Yuri Hualme cumplirán 5 años y un día de cárcel tras engañar a 139 personas de bajos ingresos para obtener devoluciones de impuestos ilícitas.
El Tribunal Oral en lo Penal de San Bernardo condenó a Blanca Rojas y Yuri Hualme, a 5 años y 1 día de presidio efectivo tras ser acusados de estafar a pequeños contribuyentes en más de $752 millones.
Según informó el Servicio de Impuestos Internos, la pareja fue condenada por obtener devoluciones de impuesto que no les correspondían, situación que fue detectada producto de acciones de fiscalización del SII.
La investigación determinó que esta dinámica ilícita se extendió durante los años tributarios 2009 a 2014, dejando un saldo de 139 contribuyentes afectados y generando un perjuicio fiscal acreditado exactamente en $752.080.290.
Al prestar declaración ante el SII, ningún afectado reconoció haber autorizado las rectificaciones. Asimismo, todos confirmaron que fueron los propios imputados quienes iniciaban el contacto para solicitarles sus datos personales y claves de acceso al sitio web del Servicio, exigiendo a cambio del 50% o más del monto de la devolución obtenida.
Al dictar la resolución, la justicia catalogó este esquema como un mecanismo complejo, estructurado y reiterado, argumentando que su nivel de sofisticación excede la mera rectificación tributaria. Junto con la pena de 5 años y 1 día de cárcel, a ambos imputados se les reconoció un abono de 1.711 días por concepto de arresto domiciliario nocturno.
Paralelamente, el tribunal fijó una multa de más de 358 millones a cada uno de los condenados, suma que equivale al perjuicio fiscal estimado del caso.
Respecto a la resolución judicial, Bárbara Olivares, quien se desempeña como subdirectora (s) Jurídica del SII, valoró el fallo y señaló que “la alta pena privativa impuesta por el tribunal es proporcional a la gravedad de las conductas cometidas y deberá ser cumplida de forma efectiva por los condenados, lo que sumado a la cuantía de la multa refleja el resultado del permanente trabajo que el SII desarrolla para detectar situaciones de delito tributario a través de sus fiscalizaciones y acciones judiciales en contra de todos quienes busquen perjudicar la recaudación fiscal y con ello, las políticas sociales que benefician a cada uno de los habitantes del país”.
PURANOTICIA