El Mandatario precisó que la reforma de esta ley "es parte del esfuerzo mayor que estamos llevando a cabo para dejar a Chile en mejores condiciones para combatir al crimen organizado, avanzar con más y mejores herramientas para combatir el delito",
Este martes el presidente Gabriel Boric promulgó la nueva Ley Antiterrorista, a propósito de lo cual afirmó que “Chile no se rinde ni se arrodilla ante la delincuencia”.
La ceremonia realizada pasado el mediodía en La Moneda, contó con la participación de la ministra del Interior, Carolina Tohá; la ministra de Defensa, Maya Fernández; la vocera (s) de Gobierno, Aisén Etcheverry; el ministro (s) de Justicia, Ernesto Muñoz; el general director (s) de Carabineros, Enrique Monrás; y el director general (s) de la Policía de Investigaciones, Ricardo Gatica.
El Mandatario explicó que "esta norma pone al día a las instituciones del Estado y es producto de un acuerdo transversal, que es muy valioso”.
Además, indicó que “el terrorismo es inaceptable en Chile y no podemos permitirlo ni relativizarlo”, añadiendo que “la seguridad de nuestros compatriotas es lo más importante”.
Respecto de la nueva ley, precisó que su actualización "es parte del esfuerzo mayor que estamos llevando a cabo para dejar a Chile en mejores condiciones para combatir al crimen organizado, avanzar con más y mejores herramientas para combatir el delito, con nuevas instituciones, con policías mejor equipadas y más protegidas, con barrios mejor iluminados, con más cupos en las cárceles (…) con fronteras mejor resguardadas”.
La reforma de esta ley fue parte del programa de gobierno, del Compromiso Transversal por la Seguridad suscrito con las asociaciones de municipios y gobernadores regionales en abril de 2023, y de la agenda priorizada entre el Gobierno y el Congreso Nacional. Con su promulgación se deroga la Ley 18.314, de 1984 y una vez comience su funcionamiento, el Ministerio de Seguridad Pública tendrá la facultad de querellarse por estos delitos además de la obligación de proponer al Presidente de la República una Estrategia Nacional de Prevención y Combate contra las Conductas Terroristas, la cual deberá incluir una propuesta de reparación a víctimas.
Asimismo, facultará al fiscal a cargo, en casos de alarma pública o de alta complejidad, para solicitar a la Corte Suprema el traslado de la causa a un Tribunal de Santiago.
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