El organismo solicitó que el Servicio de Impuestos Internos (SII) también se haga parte del caso por posibles delitos tributarios.
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El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una querella contra el diputado Joaquín Lavín León (exUDI) por delitos de malversación de caudales públicos.
Lo anterior se apoya en que La Fiscalía Oriente lo investiga por usar facturas ideológicamente falsas para desviar fondos del Congreso y pagar deudas de campaña.
La acción fue acogida a trámite este fin de semana y, según el texto que publicó La Tercera, se acusa al parlamentario de una serie de conductas vinculadas a actos de corrupción que lo tendrían al borde de una solicitud de desafuero con miras a ser formalizado y solicita la prisión preventiva en su contra.
“Los querellados (encabezados por el diputado) se concertaron para rendir gastos improcedentes, abultados y falsos, sin mediar prestación de servicio alguno relacionado con las funciones propias del ejercicio del parlamentario”, se lee en el documento que es patrocinado por Marcelo Chandía, procurador fiscal de Santiago.
Junto con esto, el CDE describe que tanto Lavín como su ex brazo derecho Arnaldo Domínguez -a quien el parlamentario responsabiliza de todas sus rendiciones de gastos en el Parlamento-, “con el objeto de financiar ilícitamente campañas electorales, mediante la sustracción de recursos públicos del Congreso Nacional, los querellados perpetraron una serie de conductas que les permitieron desviar y obtener recursos directamente del Congreso”.
Ante la presentación de facturas falsas, el CDE además -en la petición de diligencias concretas- le pide al Servicio de Impuestos Internos (SII) hacerse parte por delitos tributarios, lo que incidiría en un escenario aún más perjudicial para el congresista con el fin de formalizarlo y pedir su prisión preventiva.
“Se rindieron facturas ideológicamente falsas orientadas a fines personales del diputado Joaquín Lavín mediante la sustracción o desvío de fondos estatales -que estaban puestos a su disposición por razón de su cargo-, por servicios presuntamente prestados por la imprenta MMG SpA, de propiedad del querellado Juan Silva Morales, y la empresa Modo 74 SpA, de propiedad del querellado Felipe Vásquez Diéguez”, se lee en el documento.
Junto con esto, el CDE acusa que el parlamentario realizó rendiciones de documentos tributarios que no daban cuenta de servicios realmente prestados y cuyo dinero el Congreso, mediante engaño, entregó y fue a parar al pago de deudas que mantenía de su campaña a la diputación.
“El modus operandi para obtener los recursos consistía rendir estos “gastos” ante el Congreso. Por ejemplo, el año 2021 emitió a Lavín por servicios de campaña una factura por $8.802.430, documento mediante el cual pagó parte de la deuda que mantenía por los trabajos anteriores de publicidad encomendados a su empresa, y tuvo además que emitir facturas adicionales en 2022 para cubrir el monto restante de esta, aproximadamente cinco millones", se detalla en la querella.
Una de las situaciones graves que detalla la querella del organismo que representa los intereses del Estado son las maniobras desplegadas por Lavín y su asesor para ocultar su modo de operar y, derechamente, la forma que encontró de “sustraer dineros del Congreso”.
“Para ocultar su ilícito proceder, triangularon con las empresas involucradas mediante el uso de documentos falsos, a fin, ya sea de disimular gastos de campañas electorales aparentando servicios de impresión inexistentes, ya sea derechamente de sustraer recursos del Congreso Nacional aparentando servicios informáticos inexistentes, y, de este modo, obtener el reembolso de estos sin corresponder al ejercicio de funciones propias del cargo de diputado”, aseguran.
Junto con esto, el CDE además derriba la estrategia de defensa de Lavín León, quien -cuando renunció a su derecho a guardar silencio- apuntó a que las rendiciones de gastos al Congreso eran de responsabilidad de Domínguez, su asesor.
“(Las) conductas que eran de pleno conocimiento del parlamentario, quien instruyó y consintió en la malversación de fondos correspondientes a asignaciones justificables solo debido a sus funciones como diputado. Dichos gastos tenían como fin, derechamente, proveerse de recursos mediante el pago de servicios inexistentes para pagar deudas por campañas políticas o para derechamente apropiarse de tales recursos”, se lee en el documento.
Acto seguido, el CDE profundiza su análisis del expediente judicial y asegura que “se registran gastos rendidos al Congreso Nacional hasta la fecha que alcanzaron la suma de $75.254.410, correspondientes a 151 facturas por concepto de “mantención y sanitización de la página web y de bases de datos”. Sin embargo, la página web se encontraba inoperable desde mediados del año 2022, no siendo posible acceder a ella”.
Para confeccionar esta querella, el Fisco dio especial relevancia a la declaración de Aída Olivares, secretaria de Lavín desde el año 2014, quien en su declaración ante el Ministerio Público explicó cómo era la forma de trabajo en la época de pandemia, oportunidad en que se cerraron las oficinas y se optó por la modalidad “on line o virtual”.
“Se utilizó la plataforma digital llamada SocialTazk, que funcionó 2 años aproximadamente, y luego, pese a no utilizarla, el diputado continuó rindiendo como gasto las facturas con el logo Modo 74 al Congreso, para efectos de sustraer los caudales puestos bajo su custodia; situación que le consta porque Lavín y la testigo manejaban la cuenta del Congreso joaquin.lavin@congreso.cl y el electrónico personal de este, donde eran recepcionadas las facturas para su posterior cobro”, se lee en la acción criminal.
El CDE solicitó una batería de diligencias a la Fiscalía y junto con ello ya han anunciado, en privado, que se sumarán a la petición de desafuero que alista el Ministerio Público. Y es que las conductas desplegadas por el diputado serían tan graves, que tras ser formalizado por malversar caudales públicos la Fiscalía pedirá su prisión preventiva, y para ello antes debe despojarlo de su prerrogativa por ser congresista.
PURANOTICIA
