Carabineros concluyó la indagatoria administrativa que abrió en contra de los dos funcionarios que practicaron las primeras diligencias en el caso de la detención del exjugador Jorge Valdivia, que derivó en el llamado de la diputada RD Maite Orsini a la general Karina Soza.
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Carabineros concluyó la indagatoria administrativa que abrió en contra de los dos funcionarios que practicaron las primeras diligencias en el caso de la detención del exjugador Jorge Valdivia, que derivó en el llamado de la diputada RD Maite Orsini a la general Karina Soza.
De acuerdo a la publicación, se descartaron errores de protocolo, pero se propuso una "reprensión" al jefe de la patrulla por no supervisar los seis minutos que el exfutbolista estuvo esposado en el cuartel. Al otro cabo implicado no se le formularon cargos. Todo esto forma parte de un proceso de primera instancia y podría haber descargos.
Fue a las 3.30 de la mañana del 24 de enero que el sargento Jean Gallardo y el cabo Pablo Pino se encontraron con Jorge Valdivia y su hermano Claudio en la acera del bandejón de Avenida Santa María, en Vitacura.
Los policías no sabían de quién se trataba en particular, pero les llamó la atención el que vestía una capucha y estaba con el auto estacionado al lado, y decidieron pedirle su identidad, lo que detonó un tenso diálogo y también un inesperado llamado telefónico de la diputada Orsini a la general de Derechos Humanos, Karina Soza, para acusar a los efectivos.
Así comenzó un caso que derivó en la sanción de la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados a Orsini por el incumplimiento de labores parlamentarias, aplicando la medida de “amonestación” con una multa del 5% de su dieta, es decir, un monto del orden de $270 mil.
La parlamentaria se defendió siempre de una supuesta irregularidad del “telefonazo” y expuso que “tengo la absoluta certeza de que no he cometido ninguna falta a la ética y resulta incomprensible que una comunicación entre autoridades sea entendida como tal”. Pero no fue todo.
La Fiscalía también inició una investigación sobre lo sucedido, y si bien descartó la comisión de cualquier ilícito en estas comunicaciones, reprochó el actuar de la diputada RD.
“Su actuación no constituye delito como se ha fundamentado en esta presentación, sin embargo, en términos éticos sin lugar a dudas que hay un reproche a su actuar. Utilizó el cargo que ostenta para intervenir a posterior en un procedimiento policial rutinario que afectó a un tercero mayor de edad”, estableció el fiscal Patricio Cooper, al momento de emitir su decisión de no perseverar.
PURANOTICI
