La iniciativa busca frenar la violencia escolar permitiendo la revisión de mochilas y condicionando la gratuidad universitaria a no registrar condenas por delitos graves.
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Para hacer frente a los episodios de violencia al interior de los establecimientos de educación, la Sala de la Cámara de Diputados se pronunciará en general sobre la iniciativa de Gobierno denominada Escuelas Protegidas, proyecto de ley que establece medidas de seguridad, orden y respeto para la comunidad educativa.
Todo apunta a que la idea de legislar será visada, puesto que el Ejecutivo tendría asegurados los apoyos necesarios. A los votos del oficialismo se sumarían los respaldos ya anunciados por la DC y el PPD. Por el contrario, tanto el PC como el Frente Amplio adelantaron que presentarán una reserva de constitucionalidad frente a la propuesta.
Previamente, la Comisión de Educación despachó el texto por mayoría de votos. Entre sus lineamientos, la normativa faculta a los sostenedores para que incluyan en sus reglamentos internos la inspección de bolsos, mochilas y demás pertenencias de los alumnos, dejando fuera la revisión de prendas de vestir. El objetivo de esta acción es frenar la tenencia, porte, uso o ingreso de objetos susceptibles de ser empleados para dañar la infraestructura escolar o atacar a terceras personas.
No obstante lo anterior, la iniciativa legal subraya que “queda estrictamente prohibido requerir al estudiante que se desnude, así como la revisión corporal“. Esta precisión fue visada de forma unánime tras ser sugerida por las diputadas Daniela Serrano (PC) y Emilia Schneider (FA).
Cada recinto educativo tendrá la obligación de fijar en su reglamento interno quiénes serán los funcionarios con autorización expresa para llevar a cabo estas inspecciones. Asimismo, se deberá garantizar que el procedimiento ocurra en lugares especialmente designados para este fin, velando por eludir cualquier tipo de exposición innecesaria de los afectados o contacto físico.
En el escenario de que, una vez efectuada la inspección, “se hallaren elementos” de la naturaleza descrita en la legislación, las autoridades del colegio tendrán que informar de manera inmediata a los padres y apoderados del alumno involucrado. De igual forma, el hallazgo deberá ser notificado a la Policía de Investigaciones de Chile o a Carabineros de Chile.
Por otro lado, la propuesta legislativa introduce cambios al DFL N°2 del Ministerio de Educación, el cual regula la subvención del Estado a los establecimientos educacionales. Específicamente, se altera la disposición que exige poseer un reglamento interno encargado de dictar las normas de convivencia y de regir las relaciones entre el establecimiento, los alumnos y los padres y apoderados.
Bajo ese marco, el gobierno introdujo una nueva redacción donde se establece que serán considerados como una afectación grave a la convivencia escolar todos aquellos actos perpetrados por estudiantes para impedir la realización de clases. Esto también aplica si dichas acciones tienen como consecuencia directa la suspensión de actividades académicas o la interrupción total o parcial de estas, excluyendo aquellos cometidos involuntariamente.
Sobre esta última excepción, el Ejecutivo planteó que el propósito es marginar los casos que puedan derivar de acciones de estudiantes con condiciones especiales.
De igual manera, la instancia aprobó una indicación enfocada en las amenazas realizadas por algún miembro de la comunidad educativa, por cualquier medio. Estas serán sancionadas cuando tengan como consecuencia la alteración sustancial del normal desarrollo de la jornada o la interrupción total o parcial de clases.
El último punto considerado en el proyecto suma un nuevo requisito para obtener la gratuidad en la educación superior. La exigencia consiste en no haber sido condenado por delitos que atenten contra la vida, la integridad física de las personas, o contra la propiedad, pública o privada.
Junto a su aprobación (nueve votos a favor y tres en contra), la comisión también dio el visto bueno a otra indicación de diputados del oficialismo. Ella dispone que las instituciones de educación superior obligadas a otorgar estudios gratuitos suspenderán este beneficio si el estudiante es condenado por sentencia firme y ejecutoriada por este tipo de delitos.
PURANOTICIA
