La subsecretaria de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Constanza Castillo, señaló que se revisaron un total de 913.010.154 registros en más de 500 servicios dependientes del gobierno central y recalcó "existen patrones reiterados de debilidades estructurales en distintos organismos públicos".
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Tras su tercera sesión, el Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal entregó un nuevo informe de la investigación respecto al funcionamiento del Estado y el uso de recursos durante el período de la administración de Gabriel Boric (2022-2026).
La subsecretaria de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Constanza Castillo, señaló que se revisaron un total de 913.010.154 registros en más de 500 servicios dependientes del gobierno central y recalcó "existen patrones reiterados de debilidades estructurales en distintos organismos públicos".
Mencionó que los recursos involucrados ascenderían a más de 9.200 millones de dólares.
La autoridad enfatizó que "es importante señalar que esto no implica necesariamente la existencia de fraude. Acá existen distintos tipos de situaciones, errores, inconsistencias, mala gestión, debilidades estructurales de control, ineficiencias graves y, en algunos casos específicos, antecedentes que podrían, eventualmente, configurar irregularidades o incluso hechos de relevancia penal".
"Estos patrones trascienden un servicio específico y es un problema generalizado del Estado, y continuaremos estudiando para dar seguridad a cada chileno en el cuidado del uso de los recursos públicos", expresó.
Castillo dio a conocer que "uno de los hallazgos corresponde a la postergación de pagos desde el 2025 al 2026, por aproximadamente US$ 3.200, lo que equivale a casi un 1% del PIB".
Añadió que, "esta postergación corresponde al nivel más alto detectado en los últimos traspasos presidenciales. El monto casi triplica lo traspasado en el gobierno de Michelle Bachelet a Sebastián Piñera, y prácticamente duplica lo traspasado en el gobierno de Sebastián Piñera a Gabriel Boric".
La subsecretaria mencionó que, "esta situación afecta las cuentas del Gobierno, por cierto, pero no es un número distante. Afecta directamente a los chilenos por la postergación en el pago de proveedores en programas sociales, en servicios de salud, en temas de alimentación escolar, y a casi 10.000 pymes que fueron proveedoras del Estado y a las cuales en el 2025 se decidió no pagarles".
La autoridad explicó que, "detectamos que se usó con normalidad y de forma recurrente la compra ágil o el trato directo, que son mecanismos pensados excepcionales para la contratación pública".
"Entre el 2022 y el 2026 se identificaron más de 3 mil millones de dólares en compras realizadas vía trato directo o compra ágil, en contexto donde podrían haberse utilizado mecanismos competitivos", añadió.
La subsecretaría especificó que, "si hacemos un análisis conservador y aplicamos la media de este estudio, se hubieran hecho las compras por vías competitivas y planificadas; podría haberse generado un ahorro de 760 millones de dólares".
En la tercera alerta de "recuperación de subsidios por licencias médicas", Castillo detalló que, "el Estado mantiene importantes montos pendientes de recuperación asociados al subsidio por incapacidad laboral".
Asimismo, informó que, "el Estado paga a sus funcionarios el 100% de los días con licencia, a diferencia del sector privado, pagando así las remuneraciones por el total de los días de licencia médica y por el total de su remuneración. El problema está en que hay 150 millones de dólares que el gobierno anterior no cobró".
El Comité instruyó realizar auditorías e investigaciones particulares, añadiendo que, "tras dicha investigación y auditoría, si los antecedentes muestran señales significativas, también se oficiará a los respectivos servicios para que remitan los antecedentes a las instituciones competentes que correspondan, como la Contraloría General de la República, el Consejo de Defensa del Estado o el Ministerio Público".
La subsecretaria comunicó que, "son cuatro los casos en que en esta sesión se resolvió avanzar en esa dirección, por tratarse de situaciones respecto a las cuales ya existen antecedentes suficientes, así como un trabajo previo de revisión de la información, levantamiento de la información y detección de alertas específicas".
"En Junaeb se detectaron posibles irregularidades graves asociadas al programa de alimentación escolar, con situaciones como pago por raciones no servidas, mecanismos contractuales que permitían pagos garantizados, sobreprecios y conflictos de interés", detalló la subsecretaria.
"En especial en el Servicio Nacional de la Mujer y de la Fundación Prodemu, se identificaron problemas relevantes en el uso de los recursos públicos, ausencia de devaluación de resultados y debilidades de gobernanza financiera", explicó.
"Se detectaron problemas relevantes de control financiero, rendiciones pendientes y falta de cobro de garantías y multas que han afectado, además del funcionamiento financiero del Ministerio, la materialización de programas y servicios que él financia", detalló.
"Se detectaron debilidades relevantes en control, supervisión y rendición de recursos destinados a investigación y desarrollo, en específico vía convenios y transferencias", señaló.
PURANOTICIA
