Un avión de la FACh despegó con 40 migrantes ilegales con destino a Ecuador, Colombia y Bolivia, lo que se enmarca en el primer operativo mensual para enfrentar la crisis migratoria.
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La mañana de este jueves, despegó desde el Grupo 10 de la Fuerza Aérea el primer vuelo de deportación de extranjeros en situación irregular bajo la administración del Gobierno de José Antonio Kast. El operativo se llevó a cabo en un avión Boeing 737 perteneciente a la FACh, el cual fijó una escala en la ciudad de Iquique antes de continuar su trayecto hacia Ecuador, Colombia y, de manera probable, Bolivia.
En esta aeronave viajan alrededor de 40 ciudadanos extranjeros que mantienen órdenes de salida vigentes, dictadas en su mayoría por resoluciones judiciales, además de algunas de carácter administrativo. Para garantizar la seguridad del procedimiento, cada uno de los deportados fue custodiado por un contingente de efectivos de la PDI.
La medida ejecutada marca el inicio de una estrategia gubernamental que contempla la planificación de tres vuelos cada mes desde territorio nacional hacia distintos países, con el objetivo central de hacer frente a la migración irregular.
Gran parte de los individuos que abandonan el país en este operativo cuentan con mandatos de expulsión emitidos por los tribunales de justicia. Los delitos que motivaron estas sentencias incluyen robo, hurto, tráfico de drogas, así como el porte de arma blanca y municiones.
Con este despegue, el Ejecutivo proyecta que de aquí al mes de agosto se agotarán los $4 mil millones asignados para expulsiones. Dichos fondos fueron establecidos en la Ley de Presupuestos que dejó el gobierno de Gabriel Boric.
Sin embargo, las autoridades estiman que este monto resultará insuficiente. Lo anterior se explica porque el costo aproximado de cada deportación asciende a los $3 millones, cifra que considera la custodia individual proporcionada por la PDI por cada expulsado.
Por el momento, resulta inviable comenzar las deportaciones de ciudadanos venezolanos irregulares, quienes representan la mayoría en el país. Esta limitación se debe a que las relaciones con Caracas se encuentran congeladas, y la nula actividad consular impide cualquier intercambio de extranjeros, ya sea mediante la vía diplomática o humanitaria.
Según las cifras que maneja el Ministerio del Interior, el histórico reciente de expulsiones muestra que en 2022 hubo 1.070 salidas; en 2023 se concretaron 946; en 2024 se registraron 1.100; y en 2025 hubo 1.207. En tanto, hasta marzo de este año, se lograron 351 deportaciones.
Además, de acuerdo al informe de migraciones 2022-2026, el 23 de enero de este año se realizó el último vuelo de expulsados durante el gobierno de Gabriel Boric, el cual tuvo como destino a Bolivia y Colombia.
PURANOTICIA
