La presidenta interina Delcy Rodríguez dio por clausurada la normativa de perdón judicial tras la captura de Nicolás Maduro, asegurando que el proceso fue un éxito. Sin embargo, organizaciones civiles denuncian cifras infladas y acusan un "atropello al Estado de Derecho".
visitas
Con la confirmación de que más de 8.600 individuos gozan actualmente de "libertad plena", se dio por concluida la vigencia de la normativa de perdón judicial en Venezuela. Fue la propia presidenta interina del país, Delcy Rodríguez, quien comunicó el término de la medida, asegurando que su aplicación "ha salido muy bien".
Las declaraciones de la autoridad se enmarcaron dentro de la ceremonia de conformación de la instancia encargada de llevar a cabo la Comisión destinada a la realización de la denominada Gran Consulta Nacional sobre la Reforma de la Justicia Penal. De acuerdo a lo señalado, este proceso "busca una reestructuración profunda del sistema legal venezolano bajo una visión humanista, preventiva y de equidad".
Durante su intervención, la jefa de Estado encargada recalcó que la nueva mesa de trabajo funcionará como un área para tramitar "aquellos casos que no estaban contemplados o mejor dicho, estaban excluidos expresamente" dentro de una "ley de amnistía que llega a su fin".
"La ley de amnistía ha salido muy bien en cuanto a la cobertura, en cuanto a los beneficiados", expresó Rodríguez durante la actividad gubernamental. En esa línea, precisó que exactamente 8.616 son las personas "que tienen ahora libertad plena, otorgada a través de la ley de amnistía".
Sin embargo, los números entregados por el Ejecutivo contrastan fuertemente con los registros de la ONG venezolana Foro Penal. Durante la jornada previa, la entidad aseguró que, "desde el 8 de enero de 2026, se han producido 768 excarcelaciones de presos políticos, de las cuales solo 186 han ocurrido como consecuencia de la amnistía".
Frente a este escenario, la mandataria interina justificó la clausurada legislación, enfatizando que la misma "surgió como consecuencia del recrudecimiento de la confrontación política en Venezuela que llevó a una agresión externa y nos llevó a la reflexión". Con estas palabras, hizo referencia a la intervención militar en la que Estados Unidos capturó al expresidente Nicolás Maduro y a la exprimera dama, Cilia Flores, un episodio que además dejó más de un centenar de muertos en el país.
Al momento de destacar los alcances de la normativa, Rodríguez aseveró que esta se ubica "en un punto muy alto en relación a lo que fue la ley de amnistía en Sudáfrica, que duró siete años". Dicha comparación apuntaría a los mecanismos surgidos de la Comisión para la Verdad y la Reconciliación, instaurada en 1995 para aplicar justicia restaurativa tras el fin del régimen del apartheid.
Pese a la afirmación de la autoridad, el portal oficial de dicha comisión, administrado por el Ministerio de Justicia sudafricano, establece que el límite para presentar solicitudes de amnistía fue en 1997. Asimismo, las decisiones sobre ellas concluyeron en el año 2000, es decir, en menos de cinco años después del establecimiento de la Comisión. De las 7.112 peticiones, el organismo otorgó 849.
Desde la vereda opuesta, la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) calificó el anuncio como un "grave atropello al Estado de Derecho". A través de una publicación en redes sociales, la entidad defendió que "Una ley de esta naturaleza no posee límites temporales implícitos ni puede ser clausurada por una declaración administrativa del Ejecutivo", añadiendo que "su vigencia es inherente a la existencia de las situaciones de persecución y detención arbitraria que debe subsanar".
El mensaje de la agrupación advierte además sobre los riesgos de la medida: "Pretender dar por concluido este instrumento de forma unilateral representa un acto de inseguridad jurídica que deja en absoluta vulnerabilidad a las víctimas y envía una señal alarmante al sistema judicial, al instruir de facto a los tribunales para desestimar solicitudes de libertad bajo una premisa inexistente en el ordenamiento jurídico".
En paralelo, JEP argumentó que la decisión de dar término a la ley resulta "discriminatoria", puesto que "anula el principio de progresividad de los Derechos Humanos y profundiza la brecha de impunidad".
"Lamentablemente, este desenlace confirma nuestra preocupación inicial: la ley ha terminado siendo un ejercicio de retórica política más que un instrumento genuino para devolver la libertad a los presos políticos", aquejó la ONG.
Para concluir su pronunciamiento, la organización insistió en que "Una verdadera reforma judicial y una reconciliación nacional no pueden construirse sobre la restricción de derechos vigentes; requieren el cumplimiento estricto de la ley y la apertura de canales transparentes que garanticen justicia real". Finalmente, remarcaron que "la libertad y la justicia no tienen fecha de caducidad, y no pueden ser sacrificadas en el altar de la conveniencia política".
PURANOTICIA
