El mandatario estadounidense notificó al Parlamento el cese de las operaciones militares, aunque advirtió que mantendrán tropas en la zona ante una amenaza que aún considera latente.
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Mediante una notificación formal al Congreso, la Casa Blanca dio por finalizado el conflicto bélico con Irán a raíz de la implementación de un cese al fuego. En este contexto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aprovechó la instancia para catalogar como "totalmente inconstitucional" la normativa conocida como Ley de Poderes de Guerra de 1973.
A través de una misiva enviada durante la jornada de este viernes a las principales autoridades legislativas —Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes, y Chuck Grassley, presidente pro tempore del Senado—, el Ejecutivo norteamericano aseguró que "las hostilidades" que arrancaron el pasado 28 de febrero llegaron a su fin gracias al pacto de no agresión entre Washington y Teherán.
El documento, al cual la cadena CNN logró acceder, detalla textualmente: "El 7 de abril de 2026, ordené un alto el fuego de dos semanas. Desde entonces, el alto el fuego se ha prorrogado. No ha habido intercambio de disparos entre las Fuerzas de Estados Unidos e Irán desde el 7 de abril de 2026. Las hostilidades que comenzaron el 28 de febrero de 2026 han terminado". Asimismo, en el texto la administración estadounidense afirma que mantiene al Parlamento al tanto de la situación "de conformidad con la Resolución sobre los Poderes Bélicos".
Pese a la declaración de paz, el propio Trump alertó que la amenaza iraní "sigue siendo significativa". Frente a este escenario, precisó que el Departamento de Defensa seguirá modificando la distribución de sus fuerzas armadas "según sea necesario y apropiado".
Simultáneamente, el gobernante descartó cualquier posibilidad de abandonar la región de manera apresurada. Para justificar esta postura, argumentó: "Irán no está avanzando con el tipo de acuerdo que necesitamos tener. Vamos a hacer que esto se resuelva correctamente. No nos vamos a ir temprano y luego tener el problema que surja en 3 años".
Disputa por los plazos legales
Toda esta controversia jurídica cobra fuerza en una coyuntura decisiva. La Ley de Poderes de Guerra de 1973 establece un límite estricto de 60 días para que el jefe de Estado concluya una intervención militar o, en su defecto, pida una autorización expresa al Congreso. No obstante, existe una profunda división entre los legisladores respecto a la fecha exacta en que vence dicho periodo y sobre si la tregua actual interrumpe su cómputo.
Por un lado, un sector estima que el tiempo límite caducó precisamente este viernes 1 de mayo, fecha en que se cumplen 60 días desde que se notificó formalmente el comienzo de las operaciones. En la vereda opuesta, hay quienes sostienen que el cese al fuego paraliza la cuenta legal, abriendo incluso la puerta a una prórroga adicional de 30 días.
Representando la visión de la Administración, un alto funcionario reiteró al mismo medio televisivo que "las hostilidades que comenzaron el sábado 28 de febrero han cesado", haciendo hincapié en la ausencia de enfrentamientos desde el 7 de abril. Bajo esta misma línea, el secretario de Defensa expuso recientemente que, de acuerdo a su interpretación, "el plazo de 60 días se pausa o se detiene en un alto el fuego".
Semejantes tesis han chocado con la resistencia tanto de demócratas como de algunos republicanos. El senador Thom Tillis puso en duda la lectura de la Casa Blanca y defendió la obligación del Congreso de intervenir para autorizar o supervisar el conflicto. "Me pareció que la resolución sobre los poderes de guerra establece que en 60 días hay que tomar medidas", señaló el parlamentario.
Con un tono mucho más contundente, el senador demócrata Adam Schiff aseveró que "esta guerra fue ilegal desde el principio", basándose en la premisa de que jamás existió una amenaza inminente que justificara la intervención sin el aval parlamentario. Al respecto, apostilló: "Incluso bajo la Ley de Poderes de Guerra, el presidente no dispone de 60 días para declarar la guerra sin la aprobación del Congreso en ausencia de cualquier tipo de amenaza inminente".
El desacuerdo se ha trasladado también a las votaciones en el Senado. Allí, las iniciativas destinadas a exigir autorización previa ante nuevas acciones militares contra Irán han fracasado, a pesar de contar con apoyos puntuales de legisladores republicanos. En medio de este debate, la senadora Susan Collins demandó objetivos claros y una estrategia definida antes de cualquier nueva intervención, incidiendo en que "la Constitución otorga al Congreso un papel esencial en las decisiones sobre la guerra y la paz".
Bajo este contexto, varios senadores han advertido además que el conflicto alcanzó un "punto de inflexión". Paralelamente, otros ironizan frente a la posibilidad de extender indefinidamente los plazos legales. "Luego serán 120 días, y después será para siempre", criticó el demócrata Tim Kaine.
A la espera de que el Congreso retome su actividad tras el receso, algunos legisladores ya han adelantado que impulsarán una autorización formal del uso de la fuerza si la Casa Blanca no presenta un "plan creíble" sobre el rumbo del conflicto. Esta advertencia anticipa nuevas tensiones institucionales en torno a la política exterior estadounidense.
PURANOTICIA
