Tras ser designado por la Asamblea Legislativa, la nueva autoridad juró ante el vicepresidente Edmand Lara y contó con el reconocimiento del presidente Rodrigo Paz. Urioste dispondrá de 90 días de gestión para impulsar una auditoría jurídica y combatir la corrupción tras la detención del exfiscal Róger Mariaca.
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, reconoció a José Armando Urioste como fiscal general del Estado interino, tras su designación por parte de la Asamblea Legislativa, y le planteó cuatro desafíos para el Ministerio Público: "recuperar su institucional y credibilidad, garantizar su independencia y avanzar en su transformación".
Paz destacó a través de sus redes sociales la "importancia de una Fiscalía que actúe con base en la ley y al servicio de la ciudadanía, con independencia de intereses políticos, económicos o criminales".
Por su parte, el vicepresidente de Bolivia, Edmand Lara, tomó juramento a Urioste y le encomendó la tarea de "limpiar la corrupción que existe en la Fiscalía", además de recuperar la "confianza en una institución cuestionada por denuncias de extorsión y corrupción", en el marco de la detención del exfiscal general Róger Mariaca por sus presuntas relaciones con el narcotráfico.
Lara pronunció un discurso durante el acto, centrado en la lucha contra la corrupción y la reivindicación de la independencia institucional, según recoge el medio boliviano La Razón. "Su función, su misión, es actuar con responsabilidad, sobre todo con transparencia, respetando la Constitución, respetando la ley, el debido proceso, la presunción de inocencia", ha asegurado Lara durante el acto.
Urioste afirmó que recibió un Ministerio Público afectado por "la extorsión, la persecución y la falta de institucionalidad", y advirtió que durante sus 90 días de gestión buscará "destapar la olla" para identificar qué ocurre dentro de la institución.
"Estamos destapando la olla y se ve que huele muy mal", ha asegurado Urioste durante el acto de posesión. El fiscal interino afirmó además que su llegada representa una "ruptura con un sistema" que, según denunció, permitió "prácticas de extorsión y encubrimiento dentro del Ministerio Público".
Urioste, abogado con trayectoria en la administración de justicia, ya había anticipado que impulsaría una "auditoría jurídica" y una "reingeniería del Ministerio Público". También señaló que existen designaciones basadas en "compadrerío" y "amiguismo", prácticas que, a su criterio, deben desaparecer.
El fiscal interino fue designado después de cuatro votaciones fallidas en la Asamblea, durante la noche del viernes y la madrugada del sábado. Los partidos no lograban ponerse de acuerdo sobre la designación y, en la quinta vuelta, presentaron un solo candidato, por lo que la votación se realizó a mano alzada. El secretario declaró "más de dos tercios" y, de ese modo, Urioste quedó designado, según informó el medio boliviano El Deber.
La Fiscalía de Bolivia sostiene que el exfiscal general del Estado, Róger Mariaca; el exfiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos; el exfiscal superior y exabogado del expresidente Evo Morales, Martín Irusta; y el mayor de Policía, Rubén Aparicio, estarían vinculados a una presunta estructura de protección al narcotráfico relacionada con el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset. Todos ellos se encuentran en prisión preventiva, investigados por presuntos delitos de organización criminal y tráfico de sustancias controladas. Sus detenciones se produjeron en el marco del Acuerdo de las Américas contra el crimen organizado.
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