ONG advierten exclusiones, contradicciones y riesgos en el proyecto en discusión.
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Miles de familiares de presos políticos en Venezuela viven con incertidumbre ante el estancamiento de la denominada Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, actualmente en discusión en la Asamblea Nacional. Activistas y organizaciones de derechos humanos advierten que el texto, tal como está redactado, excluye a decenas de detenidos y obliga a los beneficiarios a reconocer hechos que aseguran no haber cometido.
Si bien los diputados aprobaron por unanimidad y en segunda lectura seis artículos del proyecto, el debate quedó detenido en el séptimo, debido a las diferencias entre oficialismo y oposición respecto a la exigencia de que los beneficiarios se pongan “a derecho”. Este punto implicaría que exiliados regresen al país y comparezcan ante la justicia, lo que para las ONG contradice el espíritu mismo de una amnistía.
El Comité por la Libertad de los Presos Políticos cuestionó duramente la iniciativa, señalando que traslada la carga de la prueba a las víctimas y sus familias, obligándolas a justificar detenciones que califican como arbitrarias. Según la organización, el proceso solo incrementa expectativas y prolonga la incertidumbre en un contexto marcado por denuncias reiteradas de irregularidades.
Las críticas también apuntan a la exposición de motivos del proyecto, la cual recurre al concepto de “clemencia soberana”, lo que, según la Asociación Acceso a la Justicia, presupone culpabilidad previa y termina por revictimizar a los presos políticos, desnaturalizando la amnistía como figura jurídica.
En cuanto al alcance de la ley, si bien se valoró que el diputado Jorge Arreaza haya recibido aportes de la sociedad civil, persisten reparos por las exclusiones contempladas. El texto deja fuera delitos como homicidio, crímenes de lesa humanidad, tráfico de drogas y delitos contra el patrimonio público, lo que podría afectar a militares detenidos o exiliados por hechos como el intento de magnicidio contra Nicolás Maduro en 2018.
Finalmente, expertos internacionales advierten que no puede haber reconciliación sin rendición de cuentas. La integrante de la Misión de Determinación de los Hechos de Venezuela, María Eloísa Quintero, sostuvo que una transición sostenible requiere reformas estructurales que desmantelen el marco legal que ha permitido la persecución política, evitando así nuevas detenciones arbitrarias y violaciones a los derechos humanos.
PURANOTICIA
