El Gobierno de Bolivia confirmó la muerte de una persona durante los enfrentamientos registrados este fin de semana en la localidad de Vilaque, departamento de La Paz, en el marco del operativo policial-militar “Corredor Humanitario de Banderas Blancas”, desplegado con el objetivo de desbloquear las carreteras que conectan con la capital.
“Tuvimos conocimiento del fallecimiento de un ciudadano y ya hemos expresado a través de distintos medios nuestro pesar”, señaló ante la prensa el portavoz presidencial, José Luis Gálvez, quien además sostuvo que “ningún boliviano debería perder la vida bajo ninguna circunstancia similar”.
Gálvez explicó que la noche del sábado el Gobierno aún no contaba con información oficial sobre el deceso, pese a que algunos medios locales ya habían reportado el hecho. Asimismo, informó que se abrió una investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte, incluyendo aspectos como el calibre utilizado y la distancia a la que se encontraba la Policía al momento de los hechos. “El que haya asesinado, tiene que pagar”, afirmó el portavoz, al remarcar que “nadie está por encima de la ley”.
La víctima fue identificada como Víctor Cruz Quispe, un joven de 24 años que, según el certificado de defunción recogido por la agencia estatal ABI, falleció a causa de un “traumatismo cervical penetrante por proyectil de fuego”. Con este caso, ya serían cinco las víctimas fatales en el contexto de las violentas manifestaciones protagonizadas por campesinos y obreros.
Ese mismo sábado, la Iglesia Católica, la Defensoría del Pueblo y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de El Alto y Provincias emitieron un comunicado conjunto en el que exigieron el cese inmediato de la violencia.
Los enfrentamientos se concentran en la carretera que une La Paz y Oruro, así como en distintos sectores de El Alto, donde el Gobierno desplegó el mencionado convoy de policías y militares para intentar, sin éxito, desbloquear las vías.
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