El equipo especial acusa a Yoon de liderar una insurrección tras declarar la ley marcial en 2024, responsabilizándolo de amenazas al orden constitucional y delitos como abuso de poder, falsificación de documentos y obstrucción a la justicia.
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El equipo especial de fiscales a cargo del caso de insurrección contra el expresidente destituido Yoon Suk Yeol ha pedido este martes la pena de muerte para el exmandatario, en relación con la polémica ley marcial decretada en diciembre de 2024 y que le costó el cargo meses después.
Los fiscales han señalado a Yoon como el responsable de liderar un proceso de insurrección al declarar la citada ley, que llevó al despliegue de tropas durante varias horas en las inmediaciones del Parlamento y desató una grave crisis política a nivel interno.
En su solicitud, han argumentado que Yoon era, en última instancia, responsable de "intentar socavar el orden constitucional al movilizar a las Fuerzas Armadas y la Policía para reprimir a la Asamblea Nacional". Así, han defendido que estas acciones representaron una "grave amenaza para la democracia y que justifican la pena más severa prevista por la ley surcoreana".
Los investigadores especiales acusan al expresidente por una larga serie de delitos, comenzando por abuso de poder, falsificación de documentos oficiales y obstrucción de tareas oficiales durante su declaración de la ley marcial y en los meses posteriores, cuando intentó hacer todo lo posible para impedir su primera detención, llegando a emplear incluso a sus guardaespaldas para bloquear su arresto.
El equipo especial también apunta al exmandatario por ordenar el borrado de teléfonos secretos de varios implicados en la crisis, como el excomandante Kwak Jong Geun, o el destituido responsable de la defensa militar de Seúl, Lee Jin Woo.
El cargo de falsificación remite a la redacción de una falsa declaración de ley marcial que sirvió de corrección a la original, repleta de defectos legales, de acuerdo con los primeros resultados de la investigación especial.
Esta nueva versión fue impresa dos días después de la primera, pero acabó destruida a petición del ex primer ministro Han Duck Soo para no agravar el conflicto.
Bajo el Código Penal surcoreano, el delito de encabezar actos de insurrección lleva a tres posibles escenarios: la pena de muerte, la cadena perpetua o la cadena perpetua exenta de trabajos forzosos.
PURANOTICIA
