La Casa Blanca acusa a los afectados de contribuir, mediante corrupción o narcotráfico, a socavar gobiernos democráticamente elegidos y el Estado de derecho.
El Gobierno de Estados Unidos anunció nuevas restricciones de visado contra ciudadanos de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú a quienes acusa de haber contribuido, mediante prácticas de corrupción o narcotráfico, a socavar gobiernos elegidos democráticamente y el Estado de derecho en el hemisferio occidental.
La medida se enmarca en la iniciativa «Escudo de las Américas», una alianza regional de países conservadores cuyo principal objetivo es combatir a las organizaciones criminales y a quienes las respaldan desde dentro de las instituciones.
El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, defendió que el proyecto busca pasar de los compromisos políticos a acciones concretas. "El Escudo no es solo palabras; es acción y resultados", señaló en un mensaje publicado en redes sociales, antes de advertir que habrá nuevas medidas.
Landau explicó que el Departamento de Estado impuso restricciones migratorias a ciudadanos de los cuatro países que, según Washington, "han socavado el Estado de derecho en nuestro hemisferio". Además, aseguró que el Gobierno estadounidense permanece junto a Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú para "defender los gobiernos elegidos democráticamente contra la corrupción y las redes narcoterroristas que pretenden socavarlos".
La nueva política se aplica al amparo de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de Estados Unidos (INA), que permite limitar la entrada al país cuando la presencia o las actividades previstas de una persona puedan generar consecuencias potencialmente graves para la política exterior estadounidense.
El Departamento de Estado aclaró que el mecanismo permitirá actuar de manera permanente y con rapidez a medida que se obtengan nuevas pruebas. Además, contempla restricciones para los ciudadanos señalados y, en determinados casos, para sus familiares directos.
En Bolivia, Washington revocó los visados existentes de doce personas y sus familiares. Entre los afectados figuran el fiscal superior Martín Daniel Irusta Flores; la jueza investigadora anticorrupción y contra la violencia hacia las mujeres de Santa Cruz, Albania Chane Caballero; el exministro de Justicia Iván Manolo Lima Magne; y el expresidente ejecutivo de la Aduana Nacional, Alberto Samuel Soto de la Via.
A esta lista se suman otros nueve ciudadanos bolivianos que actualmente no contaban con visa estadounidense y que, junto con sus familiares, fueron declarados no elegibles para obtenerla.
En Colombia, la Administración Trump adoptó medidas contra dos ciudadanos y sus familias, revocando sus visas. Se trata del empresario Euclides Antonio Torres, propietario de un conglomerado con actividades principalmente en el sector energético, y de la senadora Martha Isabel Peralta, vinculada al Pacto Histórico y al Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS).
En Ecuador, Estados Unidos impuso restricciones de visa a otros dos ciudadanos y canceló los documentos de las personas afectadas, extendiendo las medidas a sus familiares conforme a la política anunciada.
En Perú, la medida afectó a un ciudadano: el juez del Tribunal Constitucional del Primer Circuito de Lima, Juan Carlos Núñez Matos, junto con sus familiares.
PURANOTICIA