La muerte de Miguel Uribe Turbay fue un balde de agua fría para una nación que parecía haber superado los peores momentos de la guerra, los años 80 y 90, cuando los magnicidios, las bombas y los secuestros eran cuestión de la rutina.
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El día que atentaron contra el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, una figura ascendente de la derecha con solo 39 años, los colombianos tuvieron un déjà vu. "Volvimos al pasado", pensaron muchos.
La muerte de Uribe —en agosto de 2025, dos meses después del atentado— fue un balde de agua fría para una nación que parecía haber superado los peores momentos de la guerra, los años 80 y 90, cuando los magnicidios, las bombas y los secuestros eran cuestión de la rutina.
Colombia ya no tiene un conflicto armado que amenace su democracia ni cifras de homicidios que lo hagan el país más violento del mundo, como ocurría hace 30 años.
Incluso con sus problemas, la firma en 2016 del acuerdo de paz entre el Estado y la guerrilla más grande del momento, las FARC, significó una evolución: la apertura de una era en la que temas como las pensiones, la desigualdad o el medio ambiente pasaron a liderar el ranking de prioridades.
Y así fue. En 2022, tras un estallido social que evidenció la voluntad de cambio, el exguerrillero Gustavo Petro ganó la presidencia. Era la primera vez en dos siglos que un movimiento popular de izquierda llegaba al poder.
Algunos podrían haber pensado que se estaba pasando la página de la violencia.
El magnicidio de Uribe Turbay —cuya autoría intelectual la Fiscalía atribuye a una de las disidencias de las FARC, la Segunda Marquetalia— no es el tema más sonado de la campaña presidencial, pero, visto desde el ahora, en vísperas de las elecciones de este domingo, sí sentó el tono de la contienda.
Los colombianos parecen movidos por el miedo más que por cualquier otro aspecto: la inseguridad, según diversas encuestas, volvió a ser el tema que más les preocupa de cara a la elección.
Más que un debate sobre las ideas, la campaña fue una avalancha de señalamientos sobre los peligros letales que engendra el contrincante.
Colombia se resiste a pasar la página de la violencia.
Tal vez la mejor prueba de ello sean el perfil y el discurso con que se presentan los candidatos con opciones de ganar o pasar a la segunda vuelta, que sería el 21 de junio.
Todos, de hecho, han denunciado haber sido amenazados durante la campaña.
Y la Defensoría del Pueblo emitió alertas sobre el proselitismo armado por parte de grupos ilegales que buscan condicionar el voto de comunidades y limitar la libertad de los votantes.
Ninguno de los candidatos, según los expertos consultados, parece tener una receta convincente para resolver la violencia.
Iván Cepeda, el aspirante del oficialismo, es un veterano congresista que ha hecho carrera como representante de las víctimas y en busca de soluciones pacíficas a la violencia. Es uno de los autores de la Paz Total. El asesinato de su padre, un dirigente comunista, en 1994 marcó su carrera.
Y es, simbólicamente, la antítesis de Álvaro Uribe, el expresidente que arrinconó a las guerrillas con mano dura entre 2002 y 2010.
Si para unos una presidencia de Cepeda sería una reivindicación histórica a las víctimas, para otros sería la consolidación de un régimen comunista que daría concesiones a los criminales.
Luego está Paloma Valencia, miembro de una familia poderosa, heredera de una clase política que para muchos es responsable de la persecución política a la izquierda. Y es la candidata de Uribe, su "padre político".
Si unos la ven como una opción para volver al orden tras el "caos" de Petro, para otros un gobierno suyo reeditaría, por ejemplo, los "falsos positivos", las ejecuciones extrajudiciales a civiles que se reportaban como guerrilleros.
Hay un tercer y novedoso candidato con opciones de ganar: Abelardo de la Espriella, un abogado que representó criminales y políticos polémicos y que apela a la población, sobre todo mayor y masculina, escéptica de las instituciones e interesada en las soluciones efectistas.
Si unos lo ven como una solución de raíz con su política de "mano dura", otros creen que sería el fin del Estado de derecho.
Entonces, los colombianos van a las urnas con una multiplicidad de opciones. Todas representan una manera diferente de ver el problema de inseguridad y violencia, que es lo mismo que una forma de ver el país.
El hecho de que las opciones de centro, como las candidaturas de Sergio Fajardo y Claudia López, tengan poca chance de ganar evidencia que los colombianos no están interesados en visiones más moderadas.
El miedo, al parecer, les hace pensar que se necesitan posturas categóricas.
La violencia colombiana hoy, aunque es menor a la del pasado, tiene causas más diversas y regionales. Cada tipo de conflictividad precisa una solución particular, local, contextualizada.
Si firmar un acuerdo con la guerrilla más grande y vieja fue complejo —se tomó 10 años y sus resultados son mixtos—, es probable que encontrarle soluciones a los múltiples grupos armados que suplieron los vacíos dejados por la extinta guerrilla sea incluso más difícil.
María Victoria Llorente, directora de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), explica que en la última década el escenario colombiano "se mexicanizó", en el sentido de que "proliferaron grupos armados sin causa política, interesados en la gobernanza criminal de territorios estratégicos".
Entre los expertos existe un álgido debate técnico y político sobre si la transformación y el aumento de la violencia durante el último cuatrienio son consecuencia de la Paz Total.
Aunque la tendencia surgió durante el gobierno anterior de Iván Duque, los analistas coinciden en que los problemas de la Paz Total fomentaron un fortalecimiento de los grupos armados.
Por ejemplo: según la FIP, el Clan del Golfo, el grupo armado más grande en la actualidad, pasó de tener 4.000 integrantes en 2022 a casi 10.000 en 2025, a pesar de los golpes militares que recibió.
"No hubo líneas rojas preestablecidas", dice Kyle Johnson, director de Conflict Responses, un centro de estudios. "Las mesas de diálogo no pusieron límites ni consecuencias a los grupos y les dieron un margen amplio en el territorio".
Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC), añade: "El gobierno les concedió voluntad de paz a grupos criminales que por definición no la tienen".
Según encuestas, entre un 10 y 20% de los colombianos cree que la Paz Total va por buen camino y entre un 60 y 70% se siente más inseguro con esa política.
Los colombianos ven la seguridad como prioridad, responsabilizan a Petro parcialmente de su deterioro, y sin embargo, Cepeda, uno de los precursores de la Paz Total, es el favorito para ganar.
Y eso es en parte porque muchos colombianos no culpan a Petro —sino a sus antecesores— de la inseguridad; le dan más importancia a los avances sociales y celebran medidas que buscaron atender las causas de la violencia, como la entrega de tierras a campesinos, la reducción de la pobreza y la reparación a las víctimas.
Al caldo colombiano, a esta multiplicidad de elementos complejos de entender y solucionar, se añade que el crimen común en las ciudades no ha dejado de ser un problema para las mayorías.
Gustavo Duncan, un economista experto en conflicto y autor de varios libros sobre el tema, dice que "la violencia cambió y es mucho menor a la de antes, pero a la gente le molesta especialmente la criminalidad local y las extorsiones".
Según el CERAC, el 70% de los homicidios, que aumentaron levemente durante el mandato de Petro, se producen por enfrentamientos entre criminales. La extorsión se quintuplicó y el secuestro se triplicó.
"La gente no asocia la Paz Total con la inseguridad diaria porque entiende que el grupo que extorsiona en su barrio no es el mismo grupo con el que el gobierno dialoga", asegura Restrepo.
Y Juan Fernando Giraldo, politólogo y director de buho Clarity, un centro de estudios, afirma: "El hecho de que Cepeda tenga ventaja muestra que la Paz Total no es una consideración para sus votantes (…) No está en juego la competencia para gobernar, sino la capacidad de representar la identidad política y de clase".
Para todos los candidatos la seguridad es una de sus cartas principales: Cepeda propone seguir con la Paz Total pero fortaleciendo la transformación social de cada región afectada; Valencia espera fortalecer el ejército en busca de recuperar el territorio controlado por el Estado en una reedición de la Seguridad Democrática de Uribe; y De la Espriella —que se presenta en mítines con chaleco antibalas y un vidrio blindado— quiere construir cárceles, usar inteligencia y romper los diálogos con los grupos que los incumplan en una receta al estilo de Nayib Bukele, el presidente de El Salvador.
Para los analistas consultados, que responden a diferentes afiliaciones políticas, hay consenso en que ninguno de los candidatos está pensando fórmulas nuevas para problemas nuevos.
Restrepo dice que "ninguno de los tres tiene chance de que Colombia sea un país seguro en los próximos 4 años"; Duncan señala que "ninguno de los candidatos propone un cambio en la doctrina de seguridad, un ejército del postconflicto que sepa enfrentar a los nuevos grupos existentes"; y Johnson asegura que "las estrategias son las mismas de siempre, las mismas que sabemos que no funcionan".
La violencia en Colombia se transformó, pero la manera como políticos buscan reducirla, no.
"Se están mezclando escenarios", dice Llorente. "En una campaña del miedo, tienes a una parte del país (la izquierda) con miedo a que vuelva la persecución política de antes; a otra parte (la derecha) con miedo a que se acabe la propiedad privada y nos volvamos Venezuela; y a otra parte con miedo a que lo roben en la esquina de su casa".
"Todos son miedos genuinos, pero ninguno responde a la realidad completa; tenemos la violencia política muy fresca, el asesinato de Miguel Uribe nos despertó un fantasma, y leemos lo que ocurre con esos ojos", concluye.
Es más lo que Colombia cambió que lo que las mentalidades de los colombianos cambiaron. La herida de la violencia está abierta. Y desde ahí van a votar por su próximo presidente.
(Imagen: AFP via Getty Images)
PURANOTICIA // BBC MUNDO
