El Congreso de Bolivia aprobó la derogación de la Ley de Estados de Excepción, una decisión que elimina parte de las restricciones vigentes y abre la puerta para que el presidente Rodrigo Paz pueda recurrir al despliegue militar y a la limitación de ciertas libertades con el objetivo de contener las protestas masivas que se han extendido durante las últimas semanas en el país.
La iniciativa obtuvo el respaldo de dos tercios de los legisladores presentes tras más de cinco horas de debate parlamentario. Con ello, el presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Castro Salazar, dio por sancionada la normativa. "Remítase al Ejecutivo para fines constitucionales", ha dicho.
Entre quienes defendieron la medida destacó el diputado Carlos Alarcón, de la alianza Unidad, quien justificó la derogación de la Ley 1.341 al sostener que "se ha elegido un Gobierno legítimo y está en ejecución la ruptura del orden constitucional y democrático" mediante las movilizaciones impulsadas por distintos sectores sociales.
"Estos apetitos personales quieren tirar por la borda el haber recuperado la democracia, con la violación de los derechos fundamentales de todos los bolivianos por parte de (el expresidente) Evo Morales y toda su pandilla", ha considerado Alarcón en declaraciones recogidas en nota de prensa por la propia Cámara de Diputados.
En la misma línea, el diputado Alejandro Reyes, también integrante de la alianza Unidad, aseguró que la derogación busca abrir una salida a la crisis política y social que atraviesa Bolivia y evitar que el país continúe "estar sometidos por un grupo reducido que evade la justicia y verdad".
La decisión del Congreso se produce apenas días después de que el Senado aprobara la eliminación de la misma ley, promulgada en 2020 para limitar las facultades presidenciales durante los estados de excepción. La norma fue impulsada tras la crisis política derivada de las movilizaciones sociales que desembocaron en la salida del poder del expresidente Evo Morales.
La legislación había sido aprobada durante el Gobierno transitorio de Jeanine Áñez con el propósito de restringir las competencias del Ejecutivo en materia de represión de protestas, dejando en manos del Parlamento la autorización de los estados de excepción y habilitando mecanismos de control para prevenir posibles abusos.
Durante el fin de semana, Paz advirtió que la ola de protestas y los bloqueos de carreteras que afectan desde hace semanas a diferentes regiones representan un desafío para el proceso de transformación democrática y económica promovido por su administración, en medio de un escenario marcado por la tensión social y la crisis económica.
Las movilizaciones, que ya cumplen cuatro semanas, han generado serias dificultades para el abastecimiento de alimentos, combustible y suministros médicos hacia La Paz y la vecina ciudad de El Alto. Frente a este escenario, el Gobierno intenta mantener abiertos canales de diálogo con los sectores movilizados, mientras las fuerzas de seguridad continúan interviniendo para despejar algunas rutas, en ciertos casos mediante el uso de gases lacrimógenos.
El Ejecutivo, por su parte, rechazó que los recientes cambios realizados dentro del gabinete respondan a una crisis interna y sostuvo que se trata únicamente de una reorganización puntual impulsada por el presidente.
Las protestas continúan marcando la agenda política y social de Bolivia. Indígenas, campesinos y organizaciones sindicales han llegado incluso a cercar La Paz para exigir la renuncia del mandatario, en una crisis que deja hasta el momento cuatro fallecidos y más de un centenar de detenidos.
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