El drástico aumento de detenciones coincide con las estrictas políticas migratorias impulsadas por la administración del presidente Donald Trump.
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Ante un aumento del 49% en el número de migrantes bajo custodia de la Administración de Donald Trump, las autoridades han recurrido a más de 150 cárceles locales para retenerlos. La falta de transparencia en el reporte de estas cifras y las condiciones de los detenidos son los puntos de mayor preocupación para organizaciones de derechos humanos.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha visto un incremento significativo en las detenciones desde el inicio de la presidencia de Trump en enero. La cifra de migrantes bajo custodia ha pasado de 37,317 a finales de enero a 55,568 en la primera mitad de julio. Este aumento del 49% ha saturado los centros de detención habituales, forzando a la agencia a utilizar cárceles locales, prisiones federales y nuevos centros como "Alligator Alcatraz" en Florida.
El uso de prisiones locales para detener migrantes no es un fenómeno nuevo, pero los números actuales son alarmantes. Según la organización Global Detention Project, Estados Unidos ha mantenido por décadas el "mayor sistema de detención migratoria del mundo", utilizando tanto prisiones como estaciones de policía para este fin.
Sin embargo, la falta de transparencia del ICE ha sido un obstáculo para obtener cifras precisas. Proyectos como TRAC, de la Universidad de Syracuse, han documentado que el 71,1% de los detenidos no tienen antecedentes criminales, lo que cuestiona la necesidad de retenerlos en prisiones.
Más sitios de detención: En junio, ICE tenía 436 sitios "activos", un aumento del 7.13% respecto a enero.
Contradicciones en los reportes: Mientras el ICE reporta 181 centros, organizaciones como The Marshall Project han identificado a 6,600 detenidos en 150 cárceles locales no listadas en los informes oficiales.
Organizaciones civiles como Freedom for Immigrants y el American Immigration Council (AIC) advierten sobre los conflictos de interés en este sistema. El ICE, que proyecta recibir 45 mil millones de dólares para 2029 para construir centros de detención, depende en gran medida de contratistas privados para la operación de estos recintos. Nueve de cada diez migrantes son detenidos en centros operados por compañías privadas.
Expertos como Michael Flynn, director ejecutivo del Global Detention Project, señalan que el uso de cárceles locales para migrantes plantea serios problemas en relación con los tratados y convenciones internacionales que exigen separar a los detenidos por razones migratorias de aquellos con procesos criminales. Esto se suma a las preocupaciones por las condiciones de los detenidos y el impacto de la política migratoria actual.
PURANOTICIA
