Tras la suspensión del ingreso de los comunicadores acreditados, el gremio acusó a la administración de Javier Milei de hostigamiento y de fabricar causas judiciales para "debilitar la libertad de expresión" en medio de la crisis económica.
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A raíz de una acusación por supuesto espionaje ilegal en contra de dos profesionales del canal Todo Noticias, la administración del mandatario ultraderechista Javier Milei determinó este jueves bloquear el ingreso a la Casa Rosada a la totalidad de los comunicadores acreditados. La restricción fue catalogada como una medida aplicada "de manera preventiva".
A través de sus redes sociales, el secretario de Comunicación y prensa, Javier Lanari, justificó la determinación: "Aclaración. La decisión de quitar las huellas dactilares a los periodistas acreditados de Casa Rosada se tomó de manera preventiva ante la denuncia de Casa Militar por espionaje ilegal. El único fin es garantizar la seguridad nacional".
La respuesta del gremio no se hizo esperar. Mediante un comunicado difundido en plataformas digitales, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires rechazó tajantemente la disposición, denunciando una "persecución" hacia los medios mediante la invención de causas judiciales y recordando las agresiones físicas sufridas por reporteros gráficos y periodistas en medio de protestas antigubernamentales.
En el escrito, la agrupación enfatizó: "Repudiamos el acto de censura que se suma a la escalada de abusos de poder de parte de Javier Milei, quien no solo insulta, difama y hostiga a periodistas y trabajadores de prensa que realizan su trabajo, sino que presiona por despidos, como es de conocimiento público".
En esa misma línea, la organización sindical aseveró que el propósito del Ejecutivo radica en "generar un clima hostil hacia la prensa para que deje de contar lo que pasa". Además, agregaron de forma categórica: "Una vez más, advertimos que la única política de comunicación del Gobierno es desprestigiar al periodismo con el fin último de debilitar la libertad de expresión, en medio de los casos de corrupción y el agravamiento de la crisis económica".
El origen de esta controversia se remonta a la acción legal impulsada por el Gobierno argentino a través de la Casa Militar, el órgano responsable de resguardar tanto la residencia oficial de Olivos como la Casa Rosada. Dicha entidad presentó una denuncia contra Luciana Geuna y Pablo Salerno, acusando a ambos periodistas de registrar en video áreas comunes dentro del palacio gubernamental.
De acuerdo con los antecedentes del recurso judicial recogidos por el diario 'La Nación', los comunicadores habrían exhibido ante los espectadores "sistemas de vigilancia, equipos de comunicación, dispositivos de control de acceso, y otros componentes del sistema de seguridad", elementos que, según el documento, debían "mantenerse bajo estricta reserva".
El texto de la acusación consignado por el medio transandino detalla: "Bajo meros pretextos de interés público, los periodistas denunciados se ufanaron de haber burlado la seguridad presidencial, lo cual expuso a los funcionarios a riesgos injustificados y, probablemente, generó las condiciones para revelar secretos de Estado relacionados con la rutina del señor presidente y el funcionamiento del poder ejecutivo".
Este episodio se suma a otras decisiones en el ámbito comunicacional de la actual administración. Cabe recordar que, tras ser clausurada meses antes por presuntas pérdidas millonarias, el Ejecutivo de Milei anunció en julio de 2024 que la agencia estatal de noticias Télam —fundada en 1945 por Juan Domingo Perón— pasaría a ser una agencia de publicidad. En aquella oportunidad, el portavoz presidencial, Manuel Adorni, negó que dicha medida tuviera relación con ataques a la libertad de prensa o al pluralismo de la información.
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