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No puede haber mayor incertidumbre en la comunidad escolar del Colegio María Auxiliadora de Viña del Mar ad-portas de iniciarse un nuevo año escolar. Estamos hablando de un emblemático colegio subvencionado de la Ciudad Jardín que alberga, al menos, a 800 alumnos e igual número de familias que no saben con certeza si este año académico 2026, que se inicia este lunes próximo, tendrán una operación que les garantice a las niñas y niños terminar su año escolar.
Hoy, la fundación que maneja el establecimiento está intervenida por la Superintendencia de Educación, sumado a eso, el propietario del terreno donde funciona históricamente el colegio está pidiendo desalojar el lugar, ante eso no hay certezas de nada.
Detrás de este verdadero drama hay intereses económicos que poco o nada piensan en los 800 niñas y niños. Acá definitivamente las niñas y los niños no están primero. Por un lado, los empresarios dueños del terreno están en su justo derecho de recuperar su inversión y vender el lugar para recuperar la inversión, y además pagarle a un banco que le prestó el dinero para comprar la propiedad.
Por otro lado, tenemos al sostenedor del colegio, que sabía perfectamente que a fines del 2025 debía encontrar una solución para operar en otro lugar, y en tercer puesto tenemos a un supuesto interesado en comprar la operación y quedarse no solo con la propiedad, sino que además con la operación del colegio.
No es menor un colegio de 800 alumnos que recibe subvención estatal y además un copago de los apoderados. Estamos hablando de millones de pesos de por medio que develan una vez más el lucro en nuestra educación, donde lo que menos importa es justamente quienes son los mayores protagonistas de esta historia: los estudiantes.
No se puede colocar a los alumnos y sus familias como moneda de cambio de esta crisis. Ya es tarde desalojar, pese a que existe una orden. Es tarde para cambiar de sostenedor, pero ¿qué hacemos entonces?
Dura tarea para una trama que se escribe secretamente con reuniones que, con la excusa de dar solución, buscan defender los intereses económicos de sus protagonistas. Este caso muestra cómo nuestra legislación, la operatividad del sistema y, sobre todo, el libre mercado pueden terminar acabando con el futuro de 800 alumnos que podrían quedar a la deriva.
Es de vital importancia saber cómo se termina escribiendo esta historia, pero teniendo en cuenta que primero deberían estar las 800 alumnas y alumnos, y sus familias. No se merecen esta incertidumbre, tampoco la comunidad educativa. Acá queda demostrado que no se hacen bien las cosas. Que existen intereses económicos válidos y legítimos, pero que no pueden pasar por arriba de nuestras niñas y niños. Una compleja tarea para los días que quedan y saber cómo se avanza en esta verdadera tragedia que vive nuestro sistema educacional en Viña del Mar.
