Esta propuesta gozó del apoyo de 14 convencionales, mientras que fue rechazada por cinco integrantes de la comisión.
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La Comisión de Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Naturales Comunes y Modelo Económico aprobó una norma general que establece una auditoría de todos los Tratados de Libre Comercio suscritos por Chile, a partir del cual el Estado podrá enmendar, denunciar o retirarse de estos acuerdos en la medida que contravengan la institucionalidad, derechos y soberanía establecidas en la nueva Constitución.
Esta propuesta gozó del apoyo de 14 convencionales, mientras que fue rechazada por cinco integrantes de la comisión: Rodrigo Álvarez y Pablo Toloza de la UDI; Bernardo Fontaine y Roberto Vega de RN; y Trinidad Castillo del Colectivo Socialista.
Una vez promulgada la nueva Constitución, se establece un plazo de tres años para proponer acciones referidas a estos tratados. Lo más controversial dice relación con el artículo que obliga a Chile retirse del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).
Tres son los principios en materia de relaciones internacionales: “Los Tratados Internacionales de DD.HH tienen supremacía jurídica respecto de otros tratados y preeminencia respecto de la legislación subconstitucional”. Asimismo, “los Tratados Internacionales de Libre Comercio y similares que limiten, restrinjan o coarten la soberanía de los pueblos en aspectos tales como políticas alimentarias, de salud, ambiente, educación; políticas sociales; bienes comunes naturales, derechos humanos y de los pueblos indígenas; derechos sociales y laborales; actividad económica estatal, capacidad legislativa y reguladora; y la defensa nacional, son inconstitucionales”.
Asimismo, los tratados internacionales no vinculados con los DD.HH. no podrán, bajo ninguna circunstancia, “limitar la soberanía del Estado chileno”.
El segundo principio consagra la participación ciudadana para ratificar Tratados de Libre Comercio, obligando al Estado a informar sobre los contenidos y alcances de los mismos durante todo el proceso de negociación.
El tercer principio, en tanto, establece que "salvo en los casos de Tratados Internacionales de Derechos Humanos, el Estado no podrá bajo ninguna circunstancia, y en forma independiente de las partes involucradas, ser parte de tratados internacionales que establezcan procedimientos judiciales o arbitrales tales como los establecidos en tratados internacionales sobre inversiones y acuerdos comerciales internacionales para la solución de controversias en materia de inversiones entre personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras, por una parte, y Estados e institucionalidad dependiente del Estado de otra parte”.
También sería declarado inconstitucional que los inversor, independiente de si son personas naturales o jurídicas, “acuerden y/o establezcan en instrumentos jurídicos unilaterales o bilaterales, públicos o privados, de carácter nacional o internacional, recurrir a instancias judiciales o arbitrales internacionales para la solución de controversias en materia de inversiones entre inversionistas, inversionistas y el Estado, tanto el Estado central como los gobiernos regionales e inversionistas y organismos públicos”. En otras palabras, sólo los tribunales nacionales podrían resolver estas diferencias.
En declaraciones a Emol, el convencional UDI Rodrigo Álvarez calificó esta norma como una mala noticia para el país. “Nos parece una norma extraordinariamente equivocada para Chile. En los últimos años, presidentes como Aylwin, Frei, Lagos, Bachelet, Piñera, lo que hicieron fue expandir nuestras fronteras a través de múltiples tratados de libre comercio, de múltiples tratados económicos que buscaban por ejemplo que pudiéramos invertir como chilenos en más de 60 países (...) esta norma busca revertir esa visión, esa política económica, de desarrollo, que fue establecida por presidentes de diversos signos”.
Elsa Labraña, de la Coordinadora Plurinacional y Popular, dijo que se trataba de “un buen día”, al tiempo que llamó a la “ciudadanía y empresarios” que el objetivo de esta norma “es generar mejores condiciones de vida para nuestros pueblos. En ningún caso es atentar hacia ellos o a la libertad de emprender, el libre comercio. Lo que queremos con estas normas es emparejar la cancha, que estas situaciones de abuso que se generan con estos acuerdos comerciales que no son conocidos por nosotros, no nos afecten de manera negativa”.
PURANOTICIA
