Miércoles 29 de noviembre de 2023 11:52
Escenario judicial cuesta arriba para ex jefa de gabinete de la Alcaldesa de Nogales: CDE se querella por cohecho contra Paola Moya
La ex funcionaria municipal se encuentra cumpliendo actualmente la medida cautelar de arraigo nacional, tras ser acusada de recibir sobornos por $1.226.000 de parte de un empresario local, a cambio de favorecerlo en contratos con la Municipalidad de Nogales.
Un complejo escenario judicial es el que está enfrentando Paola Moya Córdova, la ex jefa de gabinete de la alcaldesa de Nogales, Margarita Osorio Pizarro, quien actualmente se encuentra cumpliendo por 120 días (cuatro meses) la medida cautelar de arraigo nacional; esto, luego de ser formalizada por el delito de cohecho.
Y es que a este revés sufrido el pasado 7 de noviembre en audiencia realizada en el Juzgado de Garantía de La Calera, ahora se le suma una querella criminal interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), también por el delito de cohecho en grado de desarrollo consumado, según el documento al que accedió Puranoticia.cl.
Cabe recordar que la ex mujer de confianza de la Alcaldesa de Nogales (independiente, pero cercana a Chile Vamos) fue sindicada por el fiscal adjunto de la Unidad Regional Anticorrupción (URAC) de Valparaíso, Claudio Rebeco Muñoz, como responsable, en calidad de autora, de delitos de cohecho, cometidos en la comuna entre junio de 2018 y junio de 2020, los cuales se encontrarían en grado de desarrollo consumado.
De igual forma, la querella presentada por el CDE también apunta a Leonardo Guerra Herrera, empresario local sindicado como autor, en grado de desarrollo consumado, del delito de soborno, pues se le acusa de haberle pagado dinero a la ex funcionaria para que su empresa se viera favorecida en contratos con la casa edilicia.
Según expone el Consejo de Defensa del Estado en su querella, Paola Moya Córdova ingresó a trabajar a la Municipalidad de Nogales el año 2017, como funcionaria a contrata al interior de la Unidad de Gabinete de la Alcaldía de Margarita Osorio.
Es así como asumió funciones de supervisión, coordinación y gestión permanente de las actuaciones en terreno de la jefa comunal; para luego continuar trabajando en el Departamento de Salud Municipal, donde tuvo labores de vínculo con diferentes organismos regionales como el Servicio de Salud y el Gobierno Regional; llegando incluso a fines de 2017 a ser Administradora Municipal de Nogales.
Por su parte, Leonardo Guerra Herrera es dueño y representante legal de Mantenciones y Obras Civiles Leonardo Guerra Herrera EIRL o LGH, empresa que desde 2017 hasta 2020 prestó servicios propios de su giro a la Municipalidad de Nogales, incluido el Departamento de Salud que lideraba por entonces Paola Moya; contratos que se efectuaron en el marco de licitaciones, pero también de tratos directos.
Fue en este contexto en el que se establece que entre noviembre de 2018 y mayo de 2020, la jefa de gabinete de la Alcaldesa aceptó recibir del empresario "diversas sumas de dinero, en razón del cargo y de las funciones que ella debía cumplir. Cantidades de dinero que el particular mencionado, a su turno, ofreció y entregó a la empleada municipal, debido al mismo cargo y funciones, en igual período. Los traspasos de dinero se realizaron sin que exista una causa", según expone el CDE en la querella.
El Consejo de Defensa del Estado indica que estos contratos entre la empresa de Guerra y la Municipalidad de Nogales dicen relación con servicio de riego de áreas verdes en la comuna, mano de obra para la Unidad de Agua Potable El Melón, mantención de inmuebles municipales, entre otros.
En cuanto al dinero transferido desde la cuenta de origen de Leonardo Guerra a la funcionaria Paola Moya, las cartolas de movimiento revelan que se realizó un depósito por $500.000 el 17 de enero de 2019; una segunda por $100.000 el 16 de septiembre de 2019; otra, nuevamente por $500.000, realizada el 29 de mayo de 2020; y una cuarta, equivalente a $126.000, efectuada el 29 de mayo del año 2020.
"Ninguna de las transferencias corresponde a donativos oficiales o protocolarios o aquellos que utiliza la costumbre como manifestaciones de cortesía y buena educación", sostiene el CDE en su querella criminal contra Moya y Guerra.
De igual forma, el Consejo señala que la conducta realizada por la funcionaria pública "configura el delito previsto en el artículo 248 del Código Penal (cohecho), toda vez que aceptó recibir de un ciudadano, un beneficio económico para sí, consistente en el pago de $500.000, $100.000, $500.000 y $126.000, cobrando dichos montos a sabiendas de que su conducta infringía los deberes de su cargo".
Respecto del empresario, el CDE indica que su conducta configura el delito de soborno, "toda vez que éste realizó el pago de los montos mencionados anteriormente, con la intención de congraciarse por la funcionaria municipal Paola Andrea Moya Córdoba que, por su posición dentro de la estructura y organización del municipio, contaba en los hechos con la posibilidad de adoptar decisiones, impartir instrucciones o ejercer influencia para que otros funcionarios municipales realizaran gestiones en favor de la citada empresa, como, por ejemplo, cursar o acelerar estados de pago".
PURANOTICIA