El mercado chileno de apuestas deportivas mueve anualmente cifras que superan los 400 millones de dólares. Ese dinero sale del país sin dejar rastro en las arcas fiscales ni en las cuentas de las federaciones deportivas.
El debate sobre la regulación de las apuestas deportivas en Chile lleva años sobre la mesa, pero pocas veces se ha analizado con seriedad el potencial económico que esta industria podría representar para el desarrollo del deporte nacional. Mientras países vecinos como Argentina y Brasil ya han avanzado en marcos regulatorios que canalizan recursos hacia sus federaciones y clubes, Chile sigue evaluando cómo aprovechar un mercado que, de todas formas, ya opera en la práctica. La pregunta no es si los chilenos apuestan, sino cómo ese dinero podría beneficiar al fútbol amateur, al básquetbol de regiones o a disciplinas olímpicas que sobreviven con presupuestos mínimos. En ese contexto, las apuestas de futbol representan uno de los segmentos más activos del mercado de apuestas deportivas, con miles de usuarios que cada fin de semana siguen los partidos de Primera División y torneos internacionales desde sus dispositivos móviles. Este interés masivo podría traducirse en una fuente de financiamiento significativa si se establece un sistema de tributación adecuado.
La realidad es que las plataformas de apuestas online operan en Chile desde hace más de una década, muchas de ellas con licencias extranjeras y sin pagar impuestos locales. Los usuarios acceden libremente a estos servicios, pero el Estado no recibe un peso de esa actividad. Según estimaciones de la industria del entretenimiento digital, el mercado chileno de apuestas deportivas mueve anualmente cifras que superan los 400 millones de dólares. Ese dinero sale del país sin dejar rastro en las arcas fiscales ni en las cuentas de las federaciones deportivas.
Otros países de la región han entendido que regular no significa prohibir, sino ordenar y aprovechar. En Argentina, la provincia de Buenos Aires implementó un sistema de licencias que destina un porcentaje de los ingresos de operadores a programas deportivos y de prevención de ludopatía. Colombia hizo lo mismo hace años, y hoy su fútbol profesional recibe aportes directos de las casas de apuestas legalizadas. Chile podría seguir ese camino, pero la discusión legislativa avanza lenta.
El fútbol profesional chileno no pasa por su mejor momento económico. Los clubes de Primera B sobreviven con dificultad, y en regiones como Valparaíso o La Serena, equipos históricos han tenido que recurrir a campañas de socios para pagar sueldos atrasados. Un sistema que destine parte de los ingresos por apuestas deportivas podría aliviar esa presión. No se trata de millones, pero sí de recursos complementarios que permitirían mejorar infraestructura, contratar preparadores físicos o financiar divisiones inferiores.
Más allá del fútbol, disciplinas como el básquetbol, el vóleibol o el rugby también podrían recibir apoyo. Estos deportes dependen casi exclusivamente de auspicios privados y de la buena voluntad de dirigentes que ponen dinero de su bolsillo. La Ley del Deporte establece mecanismos de financiamiento público, pero los recursos son limitados y no alcanzan para cubrir las necesidades de todas las federaciones. Un fondo alimentado por impuestos a las apuestas online podría complementar esos recursos y distribuirse según criterios objetivos.
El deporte formativo también saldría ganando. Las escuelas de fútbol en comunas periféricas, los programas de atletismo en colegios municipales o las academias de tenis de mesa en regiones apartadas funcionan con presupuestos que apenas cubren implementos básicos. Con una inyección adicional de recursos, podrían ampliarse los cupos, mejorar las canchas o contratar entrenadores certificados.
Nadie niega que las apuestas deportivas pueden generar problemas de adicción. Ese es el argumento más fuerte de quienes se oponen a su regulación. Pero la prohibición no ha funcionado en ningún lugar del mundo. Lo que sí funciona es la regulación inteligente, con controles de edad, límites de depósito y campañas de prevención financiadas con parte de los mismos impuestos que se recauden.
En España, por ejemplo, las casas de apuestas están obligadas a destinar un porcentaje de sus ingresos a programas de juego responsable. En Chile podría implementarse algo similar, con protocolos de autoexclusión y líneas de ayuda gratuitas para personas con problemas de ludopatía. La clave está en no mirar hacia otro lado mientras el mercado crece sin control, sino en asumir la responsabilidad de regularlo con seriedad.
El deporte chileno necesita recursos, y las apuestas online representan una fuente concreta y viable. No es la solución a todos los problemas, pero sí un aporte que podría marcar la diferencia en clubes, federaciones y programas formativos que hoy operan al límite. La discusión legislativa debe avanzar, y ojalá lo haga con la mirada puesta en el beneficio colectivo y no en intereses particulares. Porque al final, de lo que se trata es de que el dinero que los chilenos gastan apostando por sus equipos favoritos vuelva, al menos en parte, al deporte que tanto lo necesita.
(Imagen: Shutterstock)
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