La norma busca proteger a las personas, transparentar flujos de dinero, resguardar la fe pública y contribuir a la recaudación, estimada en $84.000 millones anuales una vez en régimen.
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La discusión entró en tierra derecha. En agosto de 2025, la Sala del Senado aprobó en general el proyecto que regula las plataformas de apuestas en línea y derivó su análisis en particular a las Comisiones Unidas de Economía y Hacienda, con plazo de indicaciones hasta el 29 de septiembre.
La votación fue 27 a favor, 3 en contra y 5 abstenciones, y el Ejecutivo subrayó que la norma busca proteger a las personas, transparentar flujos de dinero, resguardar la fe pública y contribuir a la recaudación, estimada en $84.000 millones anuales una vez en régimen.
Cuando la ley se publique y se dicten los reglamentos, abrir una cuenta ya no será solo un registro con un correo. Habrá verificación de identidad y edad para impedir el acceso de menores, deberes claros sobre beneficiarios finales de las empresas que operan juegos, exigencia de solvencia y estándares técnicos certificados.
Además, se crea una Política Nacional de Apuestas Responsables que regirá a toda la industria, y que anclará herramientas de límites, mensajes preventivos, autoprohibición y reglas de publicidad. Para el usuario, esto se traduce en procesos de alta algo más largos, pero con más información y salvaguardas.
En esa lógica, la elección de sitios también cambiará. Plataformas globales con presencia en distintos mercados solo podrán operar en Chile si se autorizan localmente y cumplen estos requisitos. Por eso, servicios populares internacionalmente como el skins gambling para CS2/CS:GO, quedarían habilitados a competir sólo si obtienen licencia chilena.
Plataformas como SkinsLuck tendrán que someterse a auditorías de aleatoriedad y publicitan bajo lineamientos de juego responsable. Para el usuario que desea divertise con este tipo de juego online, el criterio práctico deja de ser quién ofrece más bonos o servicios diferenciados y pasa a ser quién está autorizado.
El servicio de apuestas online quedará gravado con IVA, por tratarse de un servicio digital, y con un impuesto específico del 20%, similar al que pagan los casinos físicos para corregir externalidades.
Además, se contempla un aumento de 1 punto de ese específico, asociado a gasto acreditado en medidas de juego responsable, que las operadoras podrán descontar contra ese recargo.
No es una “tasa a cada jugador”, pero sí un costo regulatorio que las plataformas internalizan y que puede aflorar en el margen de la cuota, en comisiones o en políticas de promociones más moderadas que las actuales. El Ministerio de Hacienda ha cuantificado que, con el sistema en régimen, la recaudación anual rondaría los $84.000 millones.
La publicidad ya no será libre. Solo podrán anunciar plataformas autorizadas y bajo lineamientos de apuestas responsables. Verás advertencias más visibles, restricciones horarias y de segmentación para NNA, y mensajes menos agresivos en la oferta.
En el deporte, la ley introduce prohibiciones de apostar para quienes pueden incidir en resultados (jugadores, entrenadores, directivos, organizadores), y tipifica el amaño como delito. Para la audiencia, esto significa una convivencia más acotada entre patrocinios e integridad competitiva, con sanciones claras ante conflictos de interés.
El proyecto, además, crea una fuente estable de financiamiento para el deporte. Un gravamen anual de 2% de los ingresos brutos de apuestas deportivas a favor del IND, distribuido en tercios entre federaciones, COCh y Comité Paralímpico.
Además, Xperto, el sistema de pronósticos de Polla, elevará su aporte al IND hasta 22% del GGR (hoy 12%). En el día a día, esto puede traducirse en más recursos para programas, tecnificación y competencias, con una trazabilidad que hoy no existe en el segmento online no regulado.
La Superintendencia de Casinos de Juego se convertirá en Superintendencia de Casinos, Apuestas y Juegos de Azar, con atribuciones reforzadas para coordinarse con CMF, SII, Subtel y UAF. Esta gobernanza permite auditar plataformas, certificar la aleatoriedad, exigir reserva de liquidez, y sancionar a quienes incumplan.
La ley entrará en vigencia el primer día del mes siguiente a su publicación para permitir la persecución inmediata del juego ilegal. No obstante, la entrega de licencias en régimen operará después de dictado el reglamento, plazo de seis meses.
Período en el cual se habilitará un carril de licencias transitorias para postulantes que no hayan operado ilegalmente en Chile en los 12 meses previos, y que acrediten estándares técnicos comparables, sociedad local de objeto único y solvencia.
Para el público, esto significa que habrá oferta autorizada desde temprano, pero bajo un filtro de cumplimiento más exigente que el vigente. Para quienes hoy operan sin permiso, la norma contempla un “cooling off” de 12 meses desde que cesen su operación ilegal para poder postular a licencia.
Y además un impuesto único y sustitutivo que reconoce actividad previa. Un 31% de los ingresos brutos y 0,07 UTM por cuenta de usuario, calculado sobre los 36 meses anteriores a la entrada en vigencia.
El objetivo es evitar que la ventaja adquirida compita en desigualdad con quienes cumplieron desde el principio. Lo esperable es que, si quieren venir al mercado regulado, pausen su operación, anuncien su regularización y luego migren bajo nuevas reglas.
PURANOTICIA
