El fallo otorga “un plazo de 24 horas para dar cumplimiento a lo ordenado, bajo apercibimiento legal”.
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El Juzgado de Garantía de Arica ordenó a los abogados de la Defensoría Penal Pública de la ciudad, la devolución inmediata la información de testigos protegidos del Ministerio Público y que figuran en la acusación en el marco de la causa abierta contra integrantes del denominado clan “Los Gallegos”, brazo operativo del Tren de Aragua en el norte.
El fallo consigna que la Corte de Apelaciones decretó orden de no innovar tras el recurso de protección presentado por la Fiscalía Regional de Arica, recurso que aún tiene pendiente la revisión del fondo del asunto, y además admite "la gravedad de consecuencias para los afectados y sus garantías y la naturaleza de los hechos".
Por lo mismo, ordena a los defensores penales públicos Rodrigo Torres Díaz, Ginger Riffo Gaete, Violeta Álvarez Ramírez y Renato Moscoso Lucero hacer devolución "de forma inmediata de los antecedentes entregados por el jefe de Servicios de este tribunal el miércoles 13 de septiembre del presente año".
Dichos antecedentes contienen la información de testigos protegidos del Ministerio Público y la entrega se deberá realizar personalmente ante la Ministra de Fe de este Tribunal, quien deberá registrar la respectiva firma, fecha y hora de entrega.
Finalmente, el fallo otorga “un plazo de 24 horas para dar cumplimiento a lo ordenado, bajo apercibimiento legal”.
Este jueves, la Corte de Apelaciones de Arica declaró admisible el recurso de protección presentado por la fiscalía regional en contra de la resolución del Juzgado de Garantía de la ciudad que accedió a entregar a las defensas la identidad de los testigos reservados, agentes encubiertos y víctimas protegidas en la causa.
En fallo unánime, la Primera Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Pablo Zavala Fernández, José Delgado Ahumada y Reynaldo Oliva Lagos– acogió a tramitación la acción constitucional presentada por el ente persecutor en contra de la resolución dictada el 13 de septiembre y dio lugar a la orden de no innovar, por lo que no se entregará a las defensas la información solicitada hasta conocer el fondo de la solicitud.
“Téngase por interpuesto recurso de protección, se declara admisible. Atendida la relación de los hechos expuestos en el recurso y el acto que se impugna, pídase informe al Juez de Garantía don Héctor Barraza Aguilera, quien deberá evacuarlo en el plazo de cinco días corridos, adjuntando todos los antecedentes que digan relación con el mismo”, sostiene el fallo.
De esta manera, se suspendió la medida adoptada por el juez Barraza, quien accedió a la solicitud de la defensa de los imputados, planteando que estos tienen derecho a conocer quienes son las personas que están acusando. Ahora la corte deberá resolver el fondo del recurso de protección de la fiscalía, de impedir la entrega de los nombres.
También, el Fiscal Nacional Ángel Valencia anunció una investigación de oficio que busca esclarecer si se han cometido delitos respecto a la presunta divulgación de información confidencial en la investigación sobre el caso “Los Gallegos”.
Valencia designó al fiscal regional de Tarapacá, Raúl Arancibia, para que dirija la indagatoria y emprenda las acciones penales si corresponde.
PURANOTICIA
