Camiones entran y salen del lugar, arrojando escombros principalmente asociados a la construcción, los que finalmente son tapados con tierra. Todo esto ocurre casi con nula fiscalización por parte de las autoridades competentes en la materia.
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El 18 de mayo de 2020 es una fecha que la familia Correa jamás olvidará. Fue en horas de la mañana cuando un sujeto le disparó sin mediar comunicación alguna al empresario Alejandro Correa Correa (61), quien se encontraba en las afueras de su casa ubicada en el sector de Bosques de Montemar, en la comuna de Concón.
Durante la investigación del caso, se confirmó que todo obedeció a un sicariato, motivado por la disputa de un terreno ubicado en Quilpué, propiedad de la víctima, y que el responsable intelectual del crimen, Renato López, era quien estaba usurpando parte de este paño para ejecutar esta actividad ilegal. A su vez, él le pagó a un sujeto colombiano, Víctor Gutiérrez, para que ejecutara el homicidio en Concón.
Y es que según consigna Canal 13 a través de un reportaje de su noticiero, el predio en cuestión está siendo actualmente utilizado de manera ilegal para verter residuos y escombros; esto, sin que ninguna autoridad fiscalice o denuncie las acciones que se llevan a cabo en este lugar, las cuales se ejecutan incluso a plena luz del día.
La denunciante plantea que en esta verdadera organización ilegal que trabaja en el terreno "son bien astutos porque cuando hay falta de fiscalización lo hacen en cualquier horario, pero cuando hay rumores de fiscalización trabajan el fin de semana y en horario nocturno para seguir recibiendo esos residuos".
Pero eso no es todo, pues otro sector del terreno fue tomado para levantar viviendas de manera ilegal. No obstante, lo más preocupante es que a cuatro años del crimen se sigue llevando a cabo el uso del espacio como un vertedero ilegal, principalmente para botar residuos asociados a la construcción, lo que aumenta el riesgo de incendios.
El reportaje también revela que actualmente el espacio es administrado por Transportes THL, que es básicamente la misma empresa que antes, aunque su nombre el 2020 era Transportes López e Hijos. De hecho, Renato López, el condenado a 20 años de presidio por ordenar el sicariato, cedió o vendió su participación a su hermano Luis.
Otro hecho preocupante es que tras el megaincendio se observaron escombros quemados, seguramente extraídos desde los sectores siniestrados en la Ciudad del Sol. Aquí se abre de inmediato una pregunta: ¿el terreno está siendo utilizado también por entidades públicas para eliminar estos residuos? Al menos, no se descarta...
Cabe hacer presente que esta actividad se ve facilitada debido al cerco que dispuso la empresa para no ver lo que ocurre al interior. No obstante, con drones se pudo observar en detalle todo el movimiento que hay en este paño en Quilpué.
Si bien, la Municipalidad de Quilpué afirma que ha notificado al dueño del predio respecto a lo ocurrido, exigiendo limpieza y multando a quienes han sorprendido depositando escombros, lo cierto es que ni estas ni otras medidas adoptadas han dado resultados y la actividad se mantiene inalterable hasta estos días.
Tampoco hay novedades respecto a la disposición de la familia Correa de entregarle a la autoridad el terreno para que allí construyan viviendas sociales. Para ello –cuentan– se debe cambiar la normativa de uso de suelo, algo que hace cuatro años está esperando.
Lo único que es concreto es que el terreno sigue siendo utilizado de manera ilegal por una empresa que bota escombros y luego los tapan con tierra; esto, sin la debida fiscalización por parte de las autoridades competentes en la materia.
(Imágenes: Canal 13)
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